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Ordenan reformar un edificio para que accedan los discapacitados

Otra sentencia judicial salió a relucir a la opinión pública. Esta vez, la que debe acatar la orden es una entidad privada, precisamente dedicada a la prestación de servicios de salud: Cafesalud.

A juicio del juez Quinto Civil Municipal de Cartagena, Nancy Medrano Acosta, efectivamente existe una situación de marginación y exclusión para quienes tienen algún tipo de discapacidad, en mayor o menor grado. La Corte Constitucional ha tenido en cuenta la dimensión actual del problema en Colombia, país en donde las limitaciones físicas de las personas no solo se dan por razones naturales ó accidentes, sino como resultado de acciones violentas que se producen en el contexto ac-tual del conflicto armado que se afronta.
Teniendo en cuenta esa situación, el Juzgado le ordenó a Cafesalud S.A, que en el plazo de un año modifique el acceso a sus instalaciones en Cartagena, de tal forma que las personas discapacitadas no tengan dificultad para ingresar a las mismas.
La decisión partió de una tutela interpuesta por el señor Alberto Romero Ramírez, hijo de una persona discapacitada, a quien se le dificulta tener que llevar a su padre a las instalaciones de la EPS en el sector Pie de la Popa de esta ciudad, debido la incomodidad que le representa acceder a las mismas, y utilizar las escaleras.
A juicio de Romero, a su padre se le dificulta el desplazamiento a otros niveles superiores de la sede de la EPS, ya que utiliza muletas ó silla de ruedas y no puede movilizarse por sus propios medios, por lo que tener que llegar a las instalaciones para acudir a citas médicas en razón de su discapacidad representa otro problema.

Una critica constructiva
Ante casos como estos, el Juzgado considera que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la especial protección que brinda la Constitución Política de Colombia a los discapacitados, por cuanto no le es posible acceder al espacio público, al mundo laboral o a los servicios de educación, transporte o comunicaciones en condiciones de igualdad, quedando excluidos de la sociedad, lo cual es incompatible con una democracia participativa y un estado social de derecho.
En el curso de la historia, las personas discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. Através del tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto completamente habilitado... impidiendo a los que sufren de alguna dolencia a vincularse en igualdad de condiciones a los procesos sociales, por lo que aumenta exponencialmente la carga que deben soportar”, señala la juez en su sentencia de tutela.
Agrega que en reconocimiento a esa marginación social, la Corte ha dispuesto que se tomen medidas para remover los obstáculos que impiden la adecuada integración social de los discapacitados en condiciones de igualdad material y real.

Lo que dice Cafesalud
La EPS Cafesalud respondió al juzgado argumentando que para iniciar las adecuaciones o remodelaciones de inmuebles debe contar con la aprobación de la Alcaldía de Cartagena, lo que requería bastante tiempo, no obstante la entidad estaba tratando de satisfacer las necesidades de sus usuarios.
En su defensa, Cafesalud señaló que no existía vulneración de ningún derecho y que en caso de que se le ordenara realizar algunas obras se le concediera un plazo prudencial para ejecutar las mismas.

Las entidades públicas
Romero, el demandante, señala que en Cartagena, en especial las entidades oficiales son las que más vulneran el derecho a las personas discapacitadas, inclusive las que en dado momento deben velar por los derechos de la comunidad, tales como la Personería Distrital.
Así mismo resulta contradictorio que en los mismos inmuebles donde funcionan los juzgados de la ciudad no pueden acceder personal discapacitado.

Le tocó a la Defensoría
Otro caso relevante en Cartagena fue el traslado de la sede de la Defensoría del Pueblo, seccional Bolívar, lo cual obedeció a una acción de tutela instaurada por un discapacitado.
Esa acción fue fallada en junio del año pasado por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, que ordenó a la Defensoría que acondicionara sus instalaciones, en Cartagena, para favorecer el ingreso de la población discapacitada a esa sede.
La tutela interpuesta por el ciudadano Rodolfo Arroyo Torreglosa, quien además de ser discapacitado es representante de esa comunidad en Cartagena.
Arroyo Torreglosa argumentó que las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en la Calle Quero, del barrio San Diego, eran demasiado empinadas e inestables.
Lo anterior, según el demandante, amenazaba su vida e integridad.
A raíz de esa situación, La Defensoría del Pueblo trasladó sus oficinas a otra sede.

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