Paramilitar falsea identidad con ayuda de funcionarios en Cartagena

Se trata del caso de un militante paramilitar conocido con el alias de ‘El Oso’, quien se habría confabulado con funcionarios de la Registraduría en Cartagena para cambiar su identidad, y de esa manera evadir las acciones penales de la Justicia, pero por vencimiento de términos, el proceso terminó a favor de los implicados.
Sin embargo, frente a la adversidad judicial de tener que cesar y archivar un proceso penal a pesar de lo comprobado que estaba el delito, la Corte Suprema ordenó investigar a los funcionarios judiciales que permitieron que se vencieran los términos y en consecuencia que los investigados quedaran sin castigo.
La orden de investigar esta irregularidad administrativa fue impartida a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que deberá indagar qué pasó con este caso desde que se inició en la Fiscalía hasta pasar por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, Tribunal Superior de Cartagena hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El hecho
La investigación penal se inició contra 5 empleados de la Registraduría de Cartagena por fraude, falsedad material en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
El caso se inició con base en denuncia penal formulada el 27 de febrero de 2004 por la entonces Registradora Nacional del Estado Civil en Cartagena.
Se supo que el 26 de noviembre de 2003 ante esa dependencia un señor solicitó la expedición del duplicado de su cédula de ciudadanía, para lo cual el interesado supuestamente diligenció de manera personal y en presencia de funcionarios del organismo registrador el material de cedulación, consistente en tarjeta alfabética, decadactilar y contraseña, pero luego se estableció que los papeles con los que originalmente se elaboró tal identificación fueron desaparecidos de los archivos de esa entidad.

Es un paramilitar
Se descubrió que con los documentos desaparecidos se consiguió que fraudulentamente se expidiera una cédula a nombre de Marco Tulio Pérez Guzmán, investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.
Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, está capturado y sometido al proceso de Justicia y Paz, por pertenecer al Bloque Héroes de los Montes de María, de las autodefensas.

Investigados
El 26 de abril de 2004 se dispuso abrir una investigación penal a la que fueron vinculados, mediante indagatoria, Claudia Arroyo Ramírez, Miguel Villera Martínez y dos empleados más que fueron exonerados de delitos algunos, pero que también hacían parte de la Registraduría de Cartagena.
También se investigó a Rafael Gaviria Osorio, exfuncionario de esa institución (para la época de los sucesos estaba suspendido) que, según la Corte Suprema, intercedió ante los antes citados para adelantar el trámite de cedulación de Pérez Guzmán.
Resuelta la situación jurídica de los implicados de manera provisional, el 10 de agosto de 2004 se ordenó el cierre parcial de la investigación de Claudia Patricia Arroyo Ramírez, y en su contra se profirió el 24 de septiembre de ese año una resolución de acusación como autora de falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
En octubre de 2005, la Fiscalía General de la Nación emitió cargos contra Villera Martínez y Gaviria Osorio como presuntos autores de falsedad material en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Saltos del proceso
De la Fiscalía, el caso pasó el 27 de marzo de 2006 al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, y el titular de ese despacho profirió sentencia el 16 de junio de 2008 absolviendo a Villera Martínez, pero condenó a Gaviria Osorio a la pena principal de 93 meses de prisión y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual tiempo.
Ese fallo fue impugnado por el apoderado del condenado y fue confirmado el 8 de noviembre de 2010 en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, providencia de segunda instancia que pasó a la Corte el 17 de junio de 2011 para su casación (revisión final solicitada por el defensor).
Al revisar la sentencia, la Corte llegó a la conclusión de precluir y por ende ordenar la cancelación de las órdenes de arresto y demás anotaciones en el proceso. Determinó que pasaron más de 5 años para resolver este asunto y no hubo una decisión final, tal como lo exige el Código Penal vigente en el momento.
Concluye que durante el trámite del juicio pudo haber dilación de los términos por parte de algunos funcionarios judiciales y por lo tanto debe investigarse a esas personas.