Cartagena


Personería actúa en caso de mujer que pretenden desalojar

CARLOS FIGUEROA DÍAZ

11 de febrero de 2010 12:01 AM

La Personería Distrital intervendrá desde hoy en el proceso que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena le sigue a la señora Judith Mendoza de Martínez, a quien luego de 35 años de vivir en su casa, en el barrio Chipre, la pretenden sacar del inmueble. El agente Ministerio Público toma el caso por solicitud de la afectada. La desventura de Judith Mendoza fue divulgada ayer por este matutino, y ha despertado el mayor interés en la ciudad, porque a pesar de que la señora tiene la escritura en la que consta que compró el predio, la quieren lanzar a la calle por un descuido suyo al no registrar la negociación en la Oficina de Instrumentos Público, dependencia que no le reconoce la propiedad. Solicitudes Ayer, desde temprano, y un poco más calmada, doña Judith por recomendación de sus vecinos, acudió a la Personería, para dar la pelea y tratar de impedir que los herederos de Orlando Barrios Pérez, persona a la que le compró el bien, la saquen de la vivienda que asegura negoció por $360 mil hace mas de tres décadas. Atendida por el personero delegado Carlos Quintana, la señora Mendoza de Martínez solicitó vigilancia en el proceso y asesoría en la instauración de una tutela, alegando que con la medida se le violan los derechos fundamentales a una vivienda digna para sus nietos menores y a ella como persona de la tercera edad, pues tiene 65 años. Compulsan oficio En cuanto recibió la solicitud de la afectada Judith Mendoza, la Personería compulsó oficio a la Inspección de Policía Número 7, en el barrio Las Palmeras, encargada de hacer el desalojo del bien, para que le envíen copia de las actuaciones adelantadas. De igual forma, al no tener competencias le enviaron un oficio a la Procuraduría, para que investigue si hay irregularidades en las actuaciones del juez que ordenó el proceso de lanzamiento. “El documento se envió, esperamos respuesta cuanto antes. Dejamos entrever al Inspector que de adelantar el procedimiento de desalojo mañana (hoy), como está previsto, no nos daría tiempo suficiente para hacer la revisión del caso”, explica el delegado Quintana. Solidaridad Una vez colgada esta noticia ayer en Internet, salió a relucir la solidaridad de todos los lectores del portal www.eluniversal.com.co, donde unas 500 personas expresaron su voz de aliento y de apoyo a la señora Judith Mendoza de Martínez, diciéndole que no desfallezca en la lucha por defender su casa. “Todos debemos cerrar fila para defender a la señora Judith porque es un atropello lo que quieren hacer contra esta señora. No más abuso de los jueces que atropellan al ciudadano de bien y premian al delincuente”, expresa un lector que se identifica como Anarquía. Recomendaciones Ojo, que lo que le pasó a la señora Judith no le pase a usted. Debe tener en cuenta que la escritura de su casa o lote no lo acredita completamente como propietario del bien si usted no lo registra en la Oficina se Instrumentos Públicos. Es en esta entidad donde aparece el historial de su bien. Si no ha hecho este procedimiento, proceda a surtirlo. Recuerde aquel adagio sabio de los abuelos: “Caras vemos, corazones no sabemos”. Continúa procedimiento El procedimiento de desalojo al no poder ser efectuado el pasado martes, fue aplazado por el Inspector para la tarde de hoy. Vecinos de Judith Mendoza expresan que no permitirán que saquen del barrio Chipre a una de sus primeras habitantes. Abogada, inhabilitada En la búsqueda de la abogada Maida Luz Galvis Méndez para obtener su versión, El Universal encontró que en contra de esta persona pesa una inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, emitida en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación en el 2006. Es Maida Galvis la abogada a quien la señora Judith Mendoza de Martínez asegura que le entregó poder hace tres años para que la defendiera en el proceso, pero al parecer no lo hizo porque no aportó las pruebas que la acreditaban como propietaria. La Procuraduría sancionó a la entonces funcionaria Maida Galvis porque cuando ejercía como Secretaria de Apoyo Logístico y Recursos Físicos en la Gobernación de Bolívar, se hallaron irregularidades en la adjudicación y suscripción de la licitación SEDC 003 de 2002, adelantada por el Departamento para adquirir 67.117 textos escolares de Educación Básica Primaria, por valor de $1.000 millones. Tales hechos ocurrieron siendo gobernador Luis Daniel Vargas Sánchez, quien también fue sancionado.

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