Piden nulidad de fallo a favor de lavadores

La Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana está dispuesta a dar la pelea en el caso de los lavadores de carros que trabajan en zonas peatonales, entre El Amparo y la Bomba El Gallo. Por esta razón, el jefe de esta dependencia distrital, Adelfo Doria Franco, solicitó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena la nulidad del fallo de tutela de segunda instancia que obliga al Distrito a incluir a estos informales en el Registro Único de Vendedores (RUV) y a ofrecerles alternativas de formalización. El funcionario explica que “nuestra solicitud de nulidad se basa en que los jueces no vincularon en primera ni segunda instancia a la Gerencia de Espacio Público, que es finalmente a la que corresponde la carga económica, administrativa y social de la decisión judicial; sino que sólo vinculó a la Alcaldía de Cartagena”. Doria explica que “como se trataba tutelas, el Distrito sólo tenía 48 horas para dar respuesta a los requerimientos de los jueces y en ese tiempo era muy difícil articular la defensa jurídica con la Gerencia de Espacio Público”. FUERA DE NORMA El Gerente dice que “el fallo nos obliga a hacer una actuación administrativa que no está dentro de la norma, como es incluir a personas que no son vendedores informales al RUV”. El funcionario distrital insiste en que los lavadores no clasifican como vendedores informales, toda vez que lo que hacen es prestar un servicio y no comercializar productos. “Los vendedores son personas que tienen mesas, vitrinas o cualquier mobiliario que afecta la movilidad peatonal, pero los lavadores prestan un servicio en la vía pública que está prohibido por el Código Nacional de Tránsito Terrestre y por el que las autoridades de tránsito han sancionado por muchos años a los conductores que utilizan estos servicios”, indica Doria. El funcionario niega que el Distrito haya acolitado por años la actividad de los lavadores e indica que “el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte sí ha impuesto comparendos a los conductores que lavan sus carros en vía pública para evitar la proliferación de este servicio ilegal”. ATENCIÓN Se prevé que este Juzgado dé una respuesta a la solicitud de la Gerencia de Espacio Público en 15 días aproximadamente. En caso de que se ratifique la sentencia, la Gerencia incluiría a los vendedores en el RUV como una anotación especial. No obstante, Doria aclara que “podríamos dar alguna posibilidad de atención para los lavadores de carros, a través de algún programa social de la Alcaldía pero no mediante entrega de dinero”. En este sentido, el funcionario advierte que: “En ningún caso vamos a entregar compensaciones económicas a los lavadores de carros”. ABIERTOS AL DIÁLOGO La apoderada de los 41 lavadores de carros beneficiados con el fallo, Jomaira Páez Romero, dice que no ha tenido contacto alguno con funcionarios del Distrito y por tanto desconoce las propuestas que éstos tengan para sus defendidos. La jurista dice que está dispuesta a escuchar las alternativas que ofrezca la Alcaldía y discutirlas para determinar si son o no convenientes para sus representados. “En caso de que sean capacitaciones habría que analizar si éstas sirven para que los lavadores de autos puedan seguir ejerciendo una actividad y garantizar el sustento de sus familias”, indica Páez. La abogada dice que esperará que se cumpla el plazo estipulado por el Juzgado para que el Distrito acate la sentencia para tomar las acciones legales pertinentes. Páez reitera que “nuestro interés es lograr una solución concertada que beneficie a la ciudad”.