Piden sanción para funcionarios que generen demandas

Aunque pocos, son varios los lectores de El Universal que se muestran de acuerdo con que se elimine el incentivo que conceden las acciones populares cuando estas resultan favorables a los demandantes. Sin embargo, hay otra cantidad que rechazan tal posibilidad. Luego de una información de El Universal sobre la “avalancha” de acciones contra el Distrito, han sido muchos los comentarios enviados a este medio. Algunos denuncian la aparición de “carteles” de abogados demandantes y otros defienden la causa de quienes acceden a ese tipo de demandas. Quienes se muestran de acuerdo con el proyecto de ley que tramita el Congreso para eliminar el incentivo, consideran además que éste debería cambiar y convertirlo en sanción de multa al mandatario ó secretarios que incumplieron la obligación de proteger los derechos colectivos reclamados, al igual que deberían ser investigados por los entes de control. Alegan que el funcionario responsable debería responder por su falta de gestión ante las comunidades con sanciones disciplinarias y pecuniarias. Quienes se muestran en contra del proyecto de ley manifiestan que si las cosas se hicieran correctamente sin corrupción y favoritismos no tendría el pueblo que demandar al Distrito, ni acudir a acciones populares para que le solucionen un problema. Otros alegan que el Distrito ya hubiese podido solucionar muchos casos favorablemente si tuviese un plan claro de administración de lo colectivo (medio ambiente, espacio, cumplimiento de normas urbanas, etc), pero que varios funcionarios son tan ineficientes e ineficaces, que a pesar de toda la avalancha de acciones populares no cumplen con su labor. Hay quienes alegan que el incentivo es como una recompensa al esfuerzo que se hace para hacer respetar un derecho colectivo y que en vez de eliminarlos los jueces deberían tasar incentivos más altos para instar a más ciudadanos a demandar soluciones a los problemas de sus comunidades. Otros creen que así como se incentiva a aquellas personas que aportan información para la lucha contra la delincuencia y para combatir la corrupción, el incentivo debe ser igual o mejor en las acciones populares. “ Si a un guerrillero por entregar un secuestrado le pagan hasta $2.000 millones de pesos, por que no pagarles a los que denuncien actos de corrupción o presenten acciones populares, de repetición. Aquí con mayor razón se requiere de incentivos, de lo contrario nadie demanda, nadie denuncia o actúa”, señala un lector. Otros sugieren que cuando el Distrito paga por un acción popular deberían acudir a una demanda de repetición contra él o los funcionarios que por no desempeñar bien sus cargos, motivan a los ciudadanos a recurrir a estas acciones populares para beneficio de la comunidad. Sin embargo, no hay quienes se quejan de que los incentivos económicos en las acciones populares se ha convertido un negocio. El Distrito cada semana recibe en promedio dos demandas y en la actualidad enfrenta aproximadamente 180 acciones populares activas ante diversos estrados judiciales de la ciudad y en Bogotá. Entre 2009 y 2010 ha pagado cerca de $180 millones en incentivos a demandantes, más los costos de las obras que le ha tocado realizar. El proyecto de ley 056 de 2009, presentado por el Gobierno de Álvaro Uribe y aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que tiene su origen en que los alcaldes municipales se han visto obligados a enfrentar un sin número de acciones populares que en vez de coadyuvar al bienestar de la comunidad entorpecen las actividades propias de las administraciones locales.