El plazo es hasta el próximo viernes y afecta a todos los contratos del Régimen Subsidiado de Salud suscritos con Entidad Promotora de Salud, EPS, y Empresa Social del Estado, ESE, por parte del Distrito, del gobierno departamental y de los municipios bolivarenses.
Esa fue una de las conclusiones a la que se llegó en la mesa de la salud que coordina la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con las secretarías de salud del departamento, y en la que participaron delegados de las EPS y alcaldes municipales de todo Bolívar.
A juicio de la procuradora Provincial de Cartagena, Giovana Rago Nigrinis, el objeto de las mesas de la salud es darle cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1438 de 2010, mediante la cual se reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para el viernes también se espera tener definido las sumas reales que las entidades gubernamentales les adeudan a las EPS, según la Procuradora.
La mesa de la salud se realizó ayer en la sede de la Secretaría de Salud de Bolívar, la cual fue muy concurrida por mandatarios municipales, dado la obligatoriedad que representaba la misma so pena de ser sancionado por la Procuraduría, que será la encargada de coordinar el seguimiento al flujo de recursos del sector salud y el análisis del estado de la liquidación de los contratos de régimen subsidiado entre las entidades territoriales y las EPS.
La Ley señala que los Gobernadores, alcaldes y las Entidades Promotoras de Salud debían proceder en el término de tres (3) meses calendario contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, a liquidar de mutuo acuerdo los contratos suscritos con anterioridad al 1o de abril de 2010.
De no realizarse la liquidación dentro de los términos establecidos, la entidad territorial con base en sus soportes y los de la Entidad Promotora de Salud, si los tiene, procederá a la liquidación unilateral.
Precisamente, según señala Rago Nigrinis, la función de la mesa de la salud es preventiva, dado que el incumplimiento de lo descrito en la Ley conllevará a las respectivas sanciones disciplinarias, y el monto del contrato será la cuantía de referencia con la cual se determinará la responsabilidad fiscal del agente del Estado que omita el cumplimiento de la norma.
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