Polémica firma de un otrosí a contrato del relleno sanitario

La firma de un otrosí modificatorio del contrato de concesión No.° 001 de 2005, por el que el Distrito entregó a Caribe Verde S.A. E.S.P. todo lo relacionado con el relleno sanitario para Cartagena, despertó las sospechas del movimiento ciudadano Frente contra la Corrupción, según expresa William Murra, gerente de la firma QBM2 S.A., que hace parte del consorcio interventor, en una carta dirigida a la nueva asesora de Servicios Públicos, Diana Figueroa.
El otrosí, que hacía varios cambios al contrato, fue suscrito el pasado 6 de junio de 2012 entre el exasesor de Servicios Públicos, Mauricio Sánchez Sánchez, y el representante legal de Caribe Verde, Róger Turizo Turizo.
Según Murra, la “inquietud principal” de los veedores del Frente contra la Corrupción, en cabeza de Milciades Garcés, es que “dentro de la propia Alcaldía se califica el acto de irregular”.
Según Garcés, el exasesor de Servicios Públicos, Mauricio Sánchez, que firmó el otrosí, no tenía facultades para firmar ya que estas habían sido suprimidas por el Alcalde.
“No tiene validez”: Campo Elías Terán
El alcalde Campo Elías Terán afirmó que el otrosí firmado “no tiene validez de ninguna naturaleza”, porque él, a través del decreto 0634 del 18 de mayo de 2012, modificó “las delegaciones en materia contractual”.
Las facultades de contratación que tenía el exasesor en su momento, fueron otorgadas por el artículo 5 del decreto 0228 del 26 de febrero de 2009, firmado por la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez.
Este faculta al asesor de Servicios Públicos, entre otras cosas, a representar legalmente al Distrito “dentro de todas las actuaciones que deban surtirse con respecto a los contratos de concesión...”.
“Este señor no tenía facultades el 6 de junio, además de que no consultó con jurídica ni con nadie”, señaló el alcalde, agregando que el otrosí “no hay que derogarlo porque ni siquiera tiene validez”.
El alcalde concluyó que el exasesor Sánchez había tomado esa determinación de manera “atrevida y arbitraria”.
La nueva asesora de Servicio Públicos, Diana Figueroa, confirmó que el documento está en estudio en la oficina jurídica, y que aún no conoce el contenido del otrosí.
“Es un tema netamente jurídico. Los abogados deben mirar qué acciones deben tomar”, indicó Figueroa.
“Todo fue legal”: Mauricio Sánchez
En diálogo con El Universal, el exasesor Mauricio Sánchez Sánchez defendió su actuación, argumentando que “en ninguna parte del decreto (0634 de 2012) me quitan la delegación que me da el decreto 0228 de 2009”.
El exfuncionario explicó que, según la Ley 489 de 1998, para “quitar la delegación, la orden tiene que ser expresa y no tácita”.
“Si me iban a quitar esa delegación, debieron decir claramente que para el asesor de Servicios Públicos le queda suspendido el artículo 5 del decreto 0228 de 2009”, indicó Sánchez Sánchez.
Anota también, que el decreto del alcalde Terán solo le quita facultades para hacer nuevos contratos.  Y agregó: “Solo limita una cuantía para yo contratar”.
“Lo que se hizo fue un otrosí modificatorio y aclaratorio, que fue legal”, y añade que la firma del documento “no fue un negocio, sino un acto administrativo bilateral entre Caribe Verde y el Distrito”.
Sin embargo, el alcalde mantiene su palabra, afirmando que el otrosí no tiene validez, y que espera un concepto de la oficina jurídica de la Alcaldía para tomar una decisión al respecto.
Otrosí, ¿para qué?
Mauricio Sánchez explicó que la firma de este otrosí se hizo para legalizar lo contemplado en el pliego de condiciones de la licitación “de barrido y recolección de Cartagena”, que dispone que “el costo de disposición final, como porcentaje del costo medio del servicio integral de aseo por tonelada, se fija en 14%, tomando como referencia el valor de $10.534.oo por tonelada dispuesta...”.
De igual forma, mencionó uno de los antecedentes del otrosí, que señala que en la cláusula décima del contrato entre el Distrito y Caribe Verde se determina que “los saldos que no se alcancen a cubrir, el Distrito los cancelará a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos”, situación que considera “peligrosa e ilegal” porque los dineros de este fondo “no pueden ser utilizados para pagar a un relleno sanitario”.
“Este fondo es para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Si llegaron a tomar dineros de ahí, cometieron un peculado por apropiación”, concluyó Sánchez Sánchez.