El caso por el cual el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la Policía a pagar casi $86 millones sucedió el 11 de junio de 2002, cuando se realizaba un operativo tendiente a capturar varios delincuentes que habían atracado al banco Davivienda, en el barrio Manga de esta ciudad.
La persecución llegó hasta el barrio Lo Amador, en donde uno de los agentes disparó en varias ocasiones, hiriendo en la nuca a la señora, Eulalia Martínez, quien se encontraba en la puerta de su casa recibiendo a su nieta que acababa de llegar de la escuela.
Por fortuna la señora no falleció y los médicos, después de varios exámenes, concluyeron que no era pertinente retirar la bala del sitio donde se alojó, pues era riesgoso.
Así mismo, una de las hijas de la señora herida al recibir la noticia de lo acontecido a su madre, se impresionó tanto y ante su estado de embarazo debió ser intervenida, lo que condujo a un parto prematuro, dando origen a una criatura con un lamentable cuadro clínico.
Pese a la negación de responsabilidad por parte de la Policía, el Tribunal consideró que las pruebas señalan una falla en el servicio y por ende responsabilidad de la institución policial, dado la negligencia de los agentes para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población civil en el desarrollo de un operativo policiaco.
El ente judicial también tuvo en cuenta las diversas declaraciones de habitantes del citado barrio, quienes coinciden en que los agentes disparaban pese a que a que el sujeto al que perseguían y que corría con una tula negra no iba armado y por ende no hubo intercambio de disparos y que los policías le disparaban con tal de capturarlo.
La Policía insistió en que el disparo fue hecho por uno de los delincuentes que perseguían, pero el Tribunal concluyó que no le quedan dudas sobre las pruebas que indican a que la Policía debe indemnizar a la víctima por presunta falla en el operativo.
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