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Por muerte de juez de Morales, sur de Bolívar, condena millonaria contra el Estado

Por no prestarle el debido interés a las amenazas que había en su contra y tomar las medidas del caso, el Estado, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, fue condenado a responder por la muerte de un juez en hechos ocurridos en marzo del 2002 en el municipio de Morales, al sur de Bolívar.

La sentencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia a pagar a la familia del juez Roberto Carballo Herrera aproximadamente $1.000 millones 988 mil.
El Tribunal encontró acreditado la falta de atención del Estado en adoptar las medidas de seguridad del juez, pese a que en reiteradas ocasiones este denunció que venía siendo objeto de amenazas, mientras fungía como juez Promiscuo de Morales y quien en ese momento era miembro del sindicato de la Rama Judicial, Asonal.
Carballo Herrera fue asesinado de varios tiros en hechos ocurridos el 6 de marzo de 2002, cuando viajaba al municipio del sur de Bolívar a bordo de un bus y fue interceptado por integrantes de las Autodefensas Bloque Central Bolívar, al mando de Arnulfo Rayo Bustos conocido como “Mario”. Fue bajado del automotor y separado de los demás pasajeros y vilmente acribillado.
Por la muerte del juez, la Policía Nacional capturó a Dámaso Bermúdez Ramírez, alias “M-60”, quien ya fue condenado a 35 años de prisión y multa de 3.600 salario mínimos legales vigentes; a Edwin de La Rosa Badillo, alias “Niche”, Ólger José Díaz Medina, alias “Rayo” y Nilson Fuentes Cruz alias “Llanero”, como autores materiales del asesinato del juez Carballo.
En abril de este año, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ordenó la captura y dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra el alcalde de Morales (Bolívar), Marcelo Rincones Díaz, por su presunta responsabilidad en el crimen del juez y en su calidad como presunto autor intelectual.
Igual medida y por su presunta participación en el hecho punible, se le impuso al ex alcalde de Morales, Loher Díaz Díaz, quien presuntamente patrocinaba a los paramilitares que cometieron el hecho.
Rincones y Díaz quedaron detenidos en La Picota de Bogotá.

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