Cartagena


Presidente insiste en anular incentivos de acciones populares

JOSÉ RAFAEL MOLINA RAMÍREZ

11 de septiembre de 2010 12:01 AM

Con solo mencionar que insistirá en que se elimine el incentivo que contempla las acciones populares, el presidente Juan Manuel Santos Calderón fue ovacionado con aplausos durante el 16 Congreso de lo Contencioso Administrativo que culminó ayer en Cartagena. Y la razón es una sola: la mayoría de jueces y magistrados de juzgados y tribunales administrativos del país se encuentran atiborrados de acciones populares, muchas de las cuales motivadas por el incentivo económico que concede a quien interponga la acción si esta le resulta favorable. A juicio del Presidente, esta es una situación que viene perjudicando las finanzas del Estado, ya que pese a que la acción popular fue bien concebida para la protección de derechos colectivos, ésta “se volvió presa de los caza-tesoros que las instauran temerariamente para ganar parte del botín”. Añadió que “ese es el típi-co caso de una buena idea que produce malos resultados. Por eso propondremos la eliminación del incentivo económico de las acciones populares”, sostuvo. La defensa estatal Pese a que el debate del evento era sobre la Reforma Judicial, el mandatario aprovechó la ocasión para solicitar ayuda a los magistrados y jueces, ya que se han detectado mafias que menoscaban los recursos públicos a partir de millonarias demandas y es por ello se pretende recobrar el Ministerio de Justicia, cuya principal razón será garantizar la defensa efectiva y eficiente del Estado, además que será tema prioritario en su administración. “Uno de los objetivos del nuevo Ministerio de Justicia será el de garantizar una defensa efectiva, eficiente y profesional del Estado que garantice que sus actuaciones frente a los jueces sean no sólo diligentes y oportunas, sino bien sustentadas”, aseguró el mandatario. La tarea de defensa del Estado recaerá específicamente en una unidad administrativa o una agencia de defensa judicial, que dependerá del Ministerio de Justicia, desde donde se unificarán y verificarán el cumplimiento de los lineamientos de política que deben seguir las diferentes oficinas jurídicas y los abogados externos que defiendan al Estado. Apoyo a las reformas Santos Calderón también pidió a jueces y magistrados, apoyar la serie de reformas penales que serán tramitadas en el Congreso de la República, las cuales buscan que las autoridades puedan ser más efectivas en la lucha contra la criminalidad. Anunció que las nuevas reformas pretenden crear mecanismos más efectivos en la lucha contra los grupos ilegales y contra la delincuencia y contra la inseguridad. Las mismas serán presentadas la primera semana del mes del próximo mes de octubre. “Estamos encontrando unas situaciones que están desmoralizando a la Fuerza Pública, porque después de grandes esfuerzos, capturan a la gente y los ven a la semana o a las dos semanas delinquiendo en los mismos sitios, y también está desmoralizando a la ciudadanía en su necesario papel de contribuir denunciando y señalando a los delincuentes”, explicó el Jefe de Estado. Sobre el congreso La clausura del Congreso Contencioso Administrativo tuvo ayer como elemento central la falta de presupuesto de la Rama Judicial. Los presidentes de las altas cortes coinciden en señalar que sin mayor presupuesto no tienen sentido muchos aspectos contemplados en el proyecto. Y en eso también coinciden los presidentes de tribunales administrativos y jueces administrativos de diversos rincones del país quienes firmaron un documento conjunto, el cual entregaron al Presidente de la República, Juan Manuel Santos. En el debate de ayer participaron los presidentes del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez Jaramillo; de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar; de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar Henríquez, así como el Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras y el Presidente de la Comisión de Reforma a la Justicia Alejandro Bonivento Fernández. Durante el debate de ayer, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, insistió en que el proyecto de reforma no es improvisado, ya que viene siendo analizado, estudiado y debatido desde el año 2002. Sin embargo, señaló que el Gobierno está dispuesto a escuchar a la Rama Judicial nuevamente durante la Mesa de Justicia que arranca el lunes en Bogotá, en donde, a su juicio, pueden participar hasta los partidos políticos, el sindicato de la Rama, y la ciudadanía en particular. En el documento entregado al Presidente, los funcionarios judiciales señalan que el proyecto, tal como está concebido es un absurdo y no ataca de fondo los problemas del sector judicial. Aclarando que la demanda a la justicia cuando aprobada la Constitución Nacional de 1991 era de aproximadamente 700 usuarios, pero hoy es cercana a los 3 millones, por lo que se requiere un mayor presupuesto. El mandatario nacional hizo énfasis en que desde el lunes se tendrá tiempo para discutir respecto a la Reforma, argumentando que la iniciativa del Gobierno es que se tenga una rama judicial autónoma e independiente, ajena a intereses e interferencias de la política, que pueda ser objeto de una reingeniería institucional para alcanzar los logros en la lucha contra la impunidad y evitar la congestión judicial.

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