Prostitutas del Centenario entutelan en busca de formalización

“Así como censaron y formalizaron a los relojeros y zapateros del Parque del Centenario, deben hacerlo con las trabajadoras sexuales que durante años se han ganado la vida en este sitio y ahora atraviesan una gran crisis por su cierre temporal”.
Ésta tesis es del abogado Joaquín Torres Nieves, quien interpuso formalmente una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cartagena, en la cual cinco prostitutas piden la ayuda estatal para cambiar su actividad por una que les permita sostener a sus familias.
La acción judicial, según el abogado, busca restablecer los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la igualdad, al debido proceso, a la vida y al trabajo, los cuales consideran que han sido violados por el Distrito al haberlas sacado de esta área común sin ofrecerles alternativa alguna para su subsistencia.
Una de las peticiones planteadas por las inconformes es “que mientras les reconocen los derechos que les confiere la confianza legítima, se les permita continuar ejerciendo su actividad como trabajadoras sexuales en el Parque del Centenario, o en el lugar en el que, de forma provisional, las reubique para el efecto”.
La acción judicial vincula al Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional y a la Alcaldía de Cartagena.
CONFIANZA LEGÍTIMA
“La Corte Constitucional ha reconocido igualdad de condiciones tanto para quienes venden licor o cigarrillos, como para aquellos que venden su cuerpo, como es el caso de estas mujeres”, dice el abogado Joaquín Torres.
Luego del cierre del Parque del Centenario, necesario para hacerle las obras de remodelación previstas, se han intensificado los controles policiales en los alrededores de este sitio, de manera que no se les permite a las meretrices ni a ningún comerciante usar el parque como epicentro para sus actividades.
Se prevé que la semana entrante será emitido un fallo oficial sobre esta acción de tutela.
DISTRITO ARGUMENTA
El gerente de Espacio Público, Adelfo Doria Franco, ha reiterado la improcedencia de la solicitud de las trabajadoras sexuales y además la imposibilidad de darles un tratamiento igual que el que reciben los vendedores ocupantes de espacio público, por considerar que ellas no ejercen su actividad propiamente en estas áreas, sino que lo que hacen es conseguir sus clientes en este sitio.
El Gobierno Distrital dice que estas mujeres pueden ser incluidas en los programas distritales de superación de pobreza, que fomentan el trabajo y el emprendimiento y son manejados por diferentes dependencias de la administración.
Doria considera que “de otra parte la ciudad debe abrir el debate sobre si lo que quiere una vez que se reabra el parque es que este sea nuevamente utilizado para acciones que están al límite de la legalidad o si por el contrario quiere recuperar su sentido de integración y esparcimientos para niños y adultos”.
La Alcaldía responderá a más tardar mañana a esta acción de tutela.