Proyecto hotelero en Playa Blanca inquieta a Santa Ana

Se trata de la “Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca Barú” (Corplaya), que, según los nativos, pretende que la Capitanía de Puerto  le conceda 3 kilómetros y medio de playas para un complejo turístico, que sería el más grande del Caribe colombiano y uno de los más grandes del Gran Caribe.
En este sentido se pronunciaron, mediante sendas cartas, la Junta de Acción Comunal de Santa Ana y la “Asociación de Artesanos y Masajistas de la zona Turística de Barú” (Asoam).
Cristóbal Ortega González, presidente de la JAC de Santa Ana, le pidió a la Capitanía de Puerto “(...) abstenerse de concesionar este sector de Playa Blanca a Corplaya, por convertirse esa pretensión en un exabrupto para toda la comunidad de la isla de Barú e inclusive de toda Colombia, y se diseñaría, si esto llega a pasar, la continuación del despojo a que hemos sido sometidos”.
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En otros apartes, le pide a la Capitanía “no seguir conociendo del tema, ya que ellos (Corplaya) tienen una zona de playa concesionada y, a simple vista, se nota la mala fe que tienen en esta zona, ya que tiene la zona de playa alambrada y vigilada por personal de seguridad privada. Esto es de la Nación y en ningún momento ellos deben tener vigilancia privada”.

LOS COMERCIANTES

Uber Romero Rodríguez, quien se identifica como representante legal de Asoam, expresa en su misiva que este gremio, desde mucho antes de que apareciera Corplayas, viene trabajando en Playa Blanca y que la mencionada firma privada busca “hacer un desarrollo urbanístico, vender todas las tierras y después dejarnos a todos totalmente sin la comida y sin nuestra empresa comunitaria (...)”
Al igual que la JAC de Santa Ana, Asoam le recuerda a la Capitanía de Puerto que “perdió la competencia para ejecutar la solicitud que pretende Corplaya, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley 768 de 2002, por medio de la cual se expidió un estatuto especial para los distritos de Cartagena de Indias, Barranquilla y Santa Marta”.
David González Cardales, gestor cívico de la isla de Barú, afirmó que, de darse la concesión, significaría el desplazamiento de toda la población de Santa Ana, puesto que unos 5 mil nativos viven, directa o indirectamente, de Playa Blanca.
Asimismo, aclaró que los nativos están de acuerdo con que Barú se desarrolle, “pero ese desarrollo se debe compaginar con la realidad de los habitantes, por lo cual se hace necesario que la isla se convierta en una zona franca especial, para que los recursos que genere sean reinvertidos en el mismo territorio”.
González Cardales apoyó la petición de la JAC de Santa Ana y de Asoam en cuanto a que la Capitanía de Puerto se desentienda del asunto, “puesto que la facultad de conceder playas pasó a manos del Gobierno Distrital”.

HAY CONFUSIÓN: CAPITANÍA


El Capitán de Puerto, Capitán de Navío Juan Francisco Herrera Leal, manifestó: “A lo mejor existe mucha confusión entre los nativos por la cantidad de normativas que han salido últimamente respecto a reglamentación de playas”.
Explicó que hay dos procedimientos para hacer actividades dentro de las playas. Una es a través de concesiones que otorga el Estado   mediante el decreto Ley 2324 de 1984 en su artículo 169, cuya ejecución le corresponde a la División General Marítima, a través de las capitanías de puerto.
“La otra —agregó— es la competencia de los distritos culturales, históricos y turísticos, de acuerdo con la Ley 768 de 2002, que les da la competencia para otorgar permisos temporales para usos de playas.
Y aquí vale la pena hacer la diferencia: las concesiones son para cuando involucran áreas grandes que van a ser utilizadas por un periodo mayor; y los permisos temporales son muy puntuales en un área relativamente pequeña, de material no permanente, que puede ser fácilmente removible. Esa es la competencia que tienen los Distritos”.
Prosiguió diciendo que “en este caso, lo que está  solicitando Corplaya es una concesión, que, entre los términos de ley y una vez se cumpla con los requisitos de todas las instituciones del Estado, se publicarán unos edictos con una duración de 30 días, en los cuales las personas que consideran que el proyecto los puede afectar, pueden manifestarse, a lo cual la autoridad marítima tiene que resolver dichas oposiciones de una manera mancomunada con el proyecto. Es una metodología que el Estado tiene para garantizar que haya la posibilidad de participación, pero también de desarrollo de las zonas costeras”.

HABLA CORPLAYA


Clara Diago, directora de Corplaya, confirmó que en esa zona se planea construir un complejo turístico, para el cual se hicieron las solicitudes correspondientes a las autoridades, en pos de la ampliación del territorio de playa que ya usufructúa la firma.
Anotó que, además de las cartas enviadas por la JAC de Santa Ana y por los miembros de Asoam, existen más de cincuenta que están participando en la etapa de oposiciones que contempla la ley, después de que Corplaya publicó los edictos con los que se busca saber quién y por cuáles razones se opone al proyecto.
Al mismo tiempo, de acuerdo con la directora, Corplaya viene adelantando un proceso de consulta previa con la comunidad, proceso que va por la identificación de impactos, por lo cual en diciembre se hizo una reunión con las comunidades de Ararca y Barú, pero en Santa Ana se debió aplazar por la inasistencia de los nativos.
“Por esa inasistencia —indicó Diago— existe mucha desinformación en la comunidad; y precisamente esas reuniones las programamos para explicar en qué consiste el proyecto y para escuchar sus inquietudes, reparos y dudas. Ahora pensamos programar otra reunión para finales de enero, pero depende de lo que nos diga el Ministerio del Interior. Nos preocupa que se repita la falta de quorum, a pesar de que siempre avisamos con mucha antelación”.
En cuanto al terreno ocupado por Corplaya, en donde existe vigilancia privada, aclaró que “ese fragmento de playa nos lo concedieron en 2006 con el apoyo de la misma comunidad. Los lotes que están detrás de esa playa son propiedad privada. Por eso se les puso una cerca que los delimita, pero no hay ninguna zona de playa que esté alambrada”.