Reacciones encontradas ante posición de Uribe sobre asilo de ex funcionarios

Funcionarios y voceros de partidos políticos expresaron posiciones divergentes ante el comunicado del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el que les dio visto bueno a sus ex funcionarios para que soliciten asilo político, por considerar que “no tienen garantías jurídicas y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas”. El Ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras prefirió no entrar en una polémica directa, pero enfatizó su opinión de que la rama judicial es autónoma e independiente: “En mi sentir la rama ofrece todas las garantías procesales a quien sea imputado de la comisión de un delito, para que ejerza a plenitud su derecho a la defensa”. En el mismo sentido se pronunció el Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, quien explicó sobre la situación de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado “es que tuvo las garantías, pero no porque ella las pida, sino porque la Constitución y la ley así lo determinan; es que con todas las evidencias que públicamente se conocían y lo medios de comunicación y opinión ya la condenaban, no habíamos concurrido a pedir ninguna medida restrictiva, ni siquiera para impedirle que saliera del país”. El Presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Luis Carlos Villegas, también que lo mejor que puede hacerse en este momento es no generar una polémica, sino esperar y confiar en la actuación de la justicia. Más directo en rechazar la posición del ex Presidente fue el codirector del Partido Verde Lucho Garzón, quien aseguró que Uribe está haciendo “diplomacia internacional contra la Corte Suprema”. Uribe “está utilizando partidos o gobiernos afines, en países como Panamá y España, y eso va a tener complicaciones en las relaciones internacionales”, afirmó Garzón, quien aseguró, además, que con estas situaciones se está impulsando la impunidad. En cambio, el vocero del Partido de La U, senador Roy Barreras, expresó un total respaldo al ex presidente Uribe, por considerar que en efecto en el país no existen las suficientes garantías procesales para ex funcionarios del gobierno pasado y que el asilo es un derecho que asiste a todos los ciudadanos.