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Recuperación de tierras, reto de Acción Social

Vino a Cartagena a atender a una comisión del Banco Mundial que visitaba a la ciudad para evaluar el funcionamiento del programa gubernamental Red Juntos, cuyo objetivo es disminuir la extrema pobreza de centenares de familia en esta ciudad.

Se trata de Diego Molano Aponte, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), quien en entrevista con El Universal habló un poco de todo lo que a él le corresponde “echarle mano”.
A este hombre el gobierno le delegó funciones para rozar-se permanentemente con los más pobres del país, y dice que estaba plenamente convencido de que la delegación del Banco Mundial quedaría complacida con los resultados Red Juntos, que es una estrategia de Acción Social.
A este diario le relató un poco lo que se ha hecho para atender las necesidades de los menos favorecidos, en especial de los desplazados.
“Red Juntos es un ejercicio que muestra el avance en temas de salud, educación, mejoramiento de vivienda, nutrición, seguridad alimentaria, sobre todo en los niños”, dice.
Considera que este programa es la principal estrategia de Colombia para superar la pobreza extrema. “Llevamos en el programa 1 millón 110 mil familias en el país, de esas hay 25 mil familias que están en Cartagena.
El programa Red Juntos “se destaca a nivel latinoamericano por sus mecanismos. Acompaña a la familia por cinco años en diversos procesos, se benefician de proyectos sociales de cinco entidades del Estado y las alcaldías”, describió.

Otros programas
Respecto del programa de seguridad alimentaria (Resa), que lleva 8 años de funcionamiento, asegura que hay más de 840 mil familias beneficiadas tanto en zonas urbanas como rurales.
Más de 4 millones de personas participan en el programa y ahora se pretende ampliar su cobertura en las zonas rurales.
Del programa presidencial Familias en Acción reveló que hay en Cartagena casi 50 mil familias y por lo pronto esta cobertura se mantendrá. No hay posibilidades inmediatas de ampliarla debido a una serie de ajustes que se harán.
Entre esos ajustes menciona la “bancarización”, para que todas las familias beneficiarias del programa tengan su tarjeta débito y una cuenta de ahorros, que la sepan manejar y puedan retirar el dinero del subsidio.
También se concentrarán los esfuerzos en mejorar la calidad del programa.
Diego Molano dice que hay en el país cerca de 2 millones 900 familias en dicho programa, de las cuales 1 millón 350 mil están bancarizadas y se espera que antes de que termine el este gobierno se llegue a 2 millones 200 mil.
De la cantidad de personas en Familias en Acción, 380 mil son desplazadas.

De los retornos
Diego Molano, de Acción Social, manifiesta que se retomó el tema de los retornos.
Están pendientes 28 retornos en el país. Este año más de 120 mil personas han regresado a sus pueblos o tierras.
En Bolívar se prevé retornos en poblados de El Carmen y en otras zonas de los Montes de María, incluida su jurisdicción en Sucre.
A estas personas se les garantizarán los servicios de salud, educación y agua potable, y la ejecución de proyectos productivos.

La reparación
El Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de repara-ción administrativa, aún cuando quienes deberían reparar a las víctimas son los victimarios.
“Ese proceso depende de la Justicia, pero el gobierno ha hecho la administrativa. Hay 290.900 víctimas registradas que solicitan reparación administrativa. Se han atendido en los últimos años cerca de 10.500 familias y en los que va del 2.010 a unas 15.500, y en general se comprometieron recur-sos para unas 55 mil familias por casi un billón de pesos”, explica Diego Molano.

Oleada de tutelas
En los últimos cinco meses una oleada de tutelas ha caído sobre Acción Social en Cartagena, por presunto incumplimiento en la atención a las familias desplazadas.
Entre mayo y octubre de 2009 fueron interpuestas ante el Tribunal Administrativo de Bolívar unas 114 acciones judiciales, la mayoría falladas a favor de los demandantes.
Referente al caso de Cartagena, Molano expresa que la cantidad de tutelas se generaron por oficios de la Corte señalando cambios de metodología en la entrega de la atención humanitaria, por lo cual fue necesario hacer ajustes y entonces muchos desplazados se sintieron afectados.
Aclaró que “antes se entregaban ayudas humanitarias cada tres meses, prorrogables por otros tres, pero la Corte cambió la metodología y nos obliga a garantizar la ayuda a las familias hasta que ellas se autosostengan. Esto hizo que se generaran retrasos y en consecuencia llegaron las tutelas de las personas exigiendo sus ayudas”.

No dejarse manipular
Diego Molano advierte que también han aparecido supuestos líderes y abogados que utilizan y manipulan a la población desplazada, y les cobran por ganarse una tutela.
Aclara Molano Aponte que el desplazado “para reclamar sus derechos no es necesario pagarle a intermediarios, y por eso estamos evaluando la situación y dialogando con la rama judicial, porque hay que evaluar que las ayudas estén llegando a las personas verdaderamente desplazadas y que realmente lo requieran”.
A su juicio, pese a las tutelas Acción Social ha invertido aproximadamente $226 mil millones en ayuda humanitaria, y esa suma es considerable e histórica en Colombia en materia de ayuda.
“Estamos cumpliendo lo que dice la Corte, pero entregando lo que verdaderamente requiere la población desplazada. Hemos avanzado en materia de salud y educación, en el cuidado de los menores. Ahora trabajamos en vivienda. Hemos recibido 280 mil aplicaciones en vivienda, el 70% del presupuesto del Programa Acción Social se va para ese tema”.

La tierra productiva
La recuperación de tierras es el reto más grande de Acción Social.
“Se revivió la política de tierras, se protegerá y restituirán las tierras que se perdieron o dejaron abandonadas las familias desplazadas”, expone Diego Molano.
En Bolívar esa situación ocurre en los Montes de María. “Esa zona tiene la fortuna de tener muchas tierras productivas, pero hay problemas de titulación, no tenían títulos, pero unas 220 mil hectáreas ya están protegidas para que no las vendan, o si lo van hacer sepan cuánto vale, y para eso cuentan con la asesoría del programa”.
Señala que lo que se está dando ahora, referente a la venta masiva de tierras, es un conflicto con un grupo de inversionistas.
“Estamos buscando que las personas tengan derecho al título, y que cuando quieran vender se informen bien sobre el valor de los bienes”, explica el funcionario.

Se redujo el desplazamiento
Según Molano, en Colombia se redujo en 53% el desplazamiento forzado por la violencia, pero persisten brotes de este fenómeno, especialmente en zonas donde hay cultivos de coca.
También asegura que se ha avanzado mucho en la identificación de las personas desplazadas, y que se ha logrado garantizar que por lo menos el 80% de esta gente tenga acceso a los servicios de salud y el 87% a la educación.

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