Residentes del Centro no saben a quién más pedir ayuda

Un llamado a los medios de comunicación vienen haciendo los miembros de la “Asocia-ción de Residentes del Centro Histórico de Cartagena” (Asocentro Histórico) para dar a co-nocer lo que califican como el deterioro de ese sector de la ciudad. El requerimiento se basa en que, según ellos, desde hace más de diez años vienen alertan-do a las autoridades respecto a una serie de anomalías que no sólo violan las normativas que rigen a los habitantes del Centro Histórico, sino que también amenazan con su destrucción paulatina. Rafael Camacho Castillo, presidente del grupo en mención, hizo saber que durante el pre-sente año el gremio a su cargo ha propiciado varias reuniones con los directivos de diferentes despachos del Gobierno distrital para plantear, una vez más, inquietudes como contamina-ción ambiental y auditiva, circulación de vehículos pesados, apropiación de espacios públicos por parte de comerciantes, violación a las normas de remodelación de los inmuebles colonia-les, vandalismo durante las fiestas novembrinas, ocupación del espacio público, proliferación de gamines e indigentes y violación a la norma que exonera de impuestos a los residentes del Centro Histórico. Cartas sin suerte En una de las últimas reuniones que sostuvieron con representantes del Datt, el EPA Cartagena y la Procuraduría Provincial se refirieron a una carta que el año pasado le enviaron a la alcaldesa Judith Pinedo y alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, José Ri-caurte, para que le pusieran coto a ciertos negocios de la Calle del Arsenal, los cuales, según los denunciantes, “se disfrazan de clubes privados, pero en realidad son discotecas que ama-necen con música a alto volumen, violando las normas referentes al control del ruido, pero el asunto continúa. Ninguna de las tres instancias ha respondido”, dijo Rafael Camacho. El pasado 28 de enero de este año la asociación se reunió en las instalaciones de la Perso-nería distrital con representantes de Asomanga, Asocrespo, Asopopa y Asocabrero para de-nunciar la apropiación de los parqueaderos del monumento Las Bóvedas, por parte de los comerciantes arrendatarios de esos locales, fenómeno que ha continuado sin que las autori-dades se manifiesten. Ante los mismos despachos los vecinos de Asocentro dicen haber planteado la necesidad de que se haga efectivo el decreto 0826 del 3 de octubre de 2006, firmado por el entonces al-calde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, y mediante el cual se prohibe la circulación de vehículos pesados en las calles del Centro Histórico. “Esta disposición —indican los agremiados— también viene siendo violada continua-mente, ya que en cualquier momento se ven buses y camiones bajando carga y pasajeros en sitios comerciales, lo que redunda en el deterioro de las viviendas coloniales, por las vibración de esos automotores”. Bando desbandado El presidente de Asocentro Histórico aún conserva una carta respaldada por 200 residen-tes del barrio San Diego, y fechada el 13 de noviembre de 2009, mediante la cual se le pedía a la Alcaldía Mayor de Cartagena y al IPCC que no permitieran la realización del bando de ese barrio, “pero se hizo y resultó peor que los anteriores, por los actos de vandalismo que se registraron desde el principio hasta el final”, agregan los querellantes. Afirman, además, que en muchas ocasiones le han enviado cartas al IPCC, recordándole las normas que regulan la remodelación de inmuebles en el Centro Histórico, pero ninguna de esas misivas ha surtido efecto, “porque, al parecer, todo el que tiene poder económico compra una casa y hace con ella lo que le venga en gana, sin que las autoridades lo frenen”, manifiestan. Otro paquete de requerimientos dicen haberle enviado al alcalde menor, José Ricaurte pa-ra que los acompañe a emprender acciones en contra de la proliferación de indigentes, gami-nes y dementes, “quienes se dedican a regar las basuras y a hacer sus necesidades fisiológicas en cualquier parte, pero el alcalde no ha movido un dedo”. ¿Qué hay que hacer? Ante todas las instancias dicen haber expuesto la problemática de la pérdida del espacio público a manos de los comerciantes formales e informales, como también mediante lo que ellos llaman “la bazurtización del Centro”, con ventas de alimentos en los sitios más inapro-piados. El pasado viernes 27 de noviembre, los de Asocentro Histórico se reunieron con los con-cejales del Distrito y les expusieron otra violación: la de un decreto firmado por el, a la sazón, alcalde Nicolás Curi, el 30 de diciembre de 2007, mediante el cual se exoneraba de impues-tos a los residentes del Centro Histórico. “Pero parece que hubiese sido al revés —cuenta Rafael Camacho—, porque cada vez son más las familias que están vendiendo sus casas, agobiadas por el salvajismo de esos impuestos. Ante eso, los concejales dijeron que iban a tomar atenta nota. Seguimos esperando.”