Cartagena


Revocan aseguramiento contra directivos de universidad Rafael Núñez

La medida beneficia al ex rector y la Secretaria General de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN), Miguel Simón Henríquez Emiliani y Viviana del Carmen Henríquez López y fue proferida  por la Fiscalía 45 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

También la  Fiscalía revocó la orden de reintegro de Alberto Román Estor a su condición de miembro principal de la Asamblea General de la CURN.

También se queda sin piso la orden de suspensión de un artículo del estatuto de la institución, que permite desplazar y reemplazar discrecionalmente a los miembros de la Asamblea General del centro universitario.


El nuevo viraje
La revocada medida de aseguramiento que pesaba sobre Miguel Henríquez Emiliani y Viviana Henríquez López había sido proferida por la Fiscalía Segunda de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, pero su superior consideró que ese despacho incurrió en varias irregularidades.
Entre esas irregularidades señala que el fiscal segundo aplicó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad contemplada en el actual sistema penal (sistema acusatorio), siendo que para el tiempo de comisión de los presuntos delitos el nuevo andamiaje judicial no existía.
La Fiscalía de segunda instancia critica a la de primera, alegando que no hizo una valoración completa de las pruebas recaudadas, entre ellas que el denunciante no aparezca en ninguna de las actas posteriores al 5 de octubre de 1993, fecha en que él, al parecer, renunció.
“...dentro del actual momento procesal en que se hallan las diligencias, no existen elementos probatorios suficientes que nos permitan considerar como falsa el acta del 5 de octubre de 1993, de ahí que no puede considerarse como medio fraudulento, es decir, la configuración del delito de falsedad en documento privado y fraude procesal”, señala a Fiscalía.
Además, la Fiscalía critica el hecho de que si el denunciante alega tener la razón, por qué esperó tanto tiempo para exigir el derecho que dice tener en la institución universitaria.

El denunciante
El abogado del denunciante, Simón Herrera, alegó que es respetuoso de las decisiones judiciales, pero que la decisión actual es abiertamente contraria a la realidad probatoria que existe en el proceso y que no se tuvo en cuenta ninguno de los argumentos expuestos en 70 folios, además de las pruebas que demuestran la falsedad que hubo.
No concibe el hecho que la Fiscalía actual revoque una decisión que se tomó en conjunto por fiscales de la Unidad Nacional Anticorrupción, quienes consideraron que era viable imponer la medida de aseguramiento contra los procesados.
Alegó además, lo cual califica como grave, es que al imponerse la medida de aseguramiento a los procesados, tal resolución debía quedar ejecutoriada, pues era el resultado de una impugnación efectuada contra otra providencia.
A su juicio se creó una tercera instancia en el proceso, sin razones válidas, por lo que el fiscal del caso pudo incurrir en prevaricato por acción.
Ante la decisión, señaló que seguirá haciendo uso de los mecanismos judiciales para hacer valer los derechos de su cliente.

Defensa de procesados
El abogado Hernando Osorio, defensor de los directivos de la CURN, señaló que siempre se tuvo la seguridad que la medida debía ser revocada, porque las pruebas en el proceso son favorables.
Señaló que todo este proceso le ha causado a la institución un grave perjuicio, ya que también se pudo observar que la medida de aseguramiento fue producto de un evidente abuso de poder por parte de la Fiscalía de primera instancia.
“Es necesario aclararle a todas las personas interesadas en este proceso que pertenecer a la asamblea general de la universidad no representa ningún beneficio económico, pues es un cargo ad honorem”, dijo.
Anotó que en este caso, y que así lo demuestran las pruebas, que el hoy denunciante renunció a la asamblea y que no aparece en ningún acta por que nunca fue citado posteriormente, pero que él tampoco reclamó para que lo citarán, solo 10 años después..”, dijo Osorio.
Confía ahora en que la Fiscalía precluya y ordene el archivo de la investigación.

 

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