La Fiscalía Segunda de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, contra el ex rector y la Secretaria General de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Miguel Simón Henriquez Emiliani y Viviana del Carmen Henriquez López, en un proceso por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y falsa denuncia.
El largo y complejo embrollo judicial se originó en una demanda de Alberto Román Estor, miembro de la Asamblea General de la Corporación, por documentos falsos sobre la supuesta renuncia a esa posición.
La medida de aseguramiento les prohibe a los investigados salir del país y asistir a las reuniones de la asamblea general de la institución.
Serán separados de sus funciones para que no entorpezcan la investigación ó hasta cuando no se modifique la resolución mediante la cual se le impuso la medida.
Así mismo, el ente investigador ordenó el reintegro de Alberto Román Estor a su condición de miembro principal de la Asamblea General de la Corporación Universitaria y el retiro de la persona que entró en su reemplazo.
Dentro de la misma providencia, la Fiscalía ordenó la suspensión de un artículo del Estatuto de la institución que permite desplazar y reemplazar discrecionalmente a los miembros de la Asamblea General del centro universitario.
La Fiscalía le pidió al Icfes revisar, promover y vigilar el proceso de conformación de los integrantes de la Asamblea General.
Contra la medida proceden recursos de reposición y apelación, pero debe cumplirse plenamente mientras esto se decide en la instancia respectiva.
Los hechos y el rechazo de los afectados
Todo se inició en el año 2003, cuando Alberto Román Estor denunció que había sido relevado de la Asamblea General de manera ilegal, indicando que su firma en una acta de renuncia había sido falsificada.
El abogado Hernando Osorio Rico, defensor de la familia Henriquez, desmiente tal afirmación, y que la Fiscalía incurrió en graves errores durante el proceso.
Alega que en una acta Román Estor en octubre de 1983 sentó su renuncia, la cual fue firmada por todos los demás miembros de la asamblea. Señala desconocer que intereses tiene Román Estor para volver a la asamblea, luego de casi 10 años de que ni siquiera se acercaba a la universidad, después de haber dejado el cargo ad honorem, pues no recibe remuneración alguna.
Deja entrever que el motivo pareces ser netamente económico, pero que los Henríquez no están dispuestos a dejarse sobornar con las amenazas de presuntos malos manejos financieros de la institución.
¿Posibles malos manejos?
Román Estor alega en su denuncia que fue sacado ilegalmente de la asamblea general, luego de que empezara a exigir los documentos que sustentaban el manejo financiero de la institución.
Su abogado, Simón Herrera, señala que a Román nunca se le suministraron tales documentos y que cuando pidió una inspección a un juzgado civil, como una prueba anticipada, apareció el acta de su renuncia, con lo cual perdía el derecho a pedir la información financiera.
La familia Henríquez lo denunció entonces penalmente y el caso pasó a la Fiscalía Seccional de Cartagena.
En la Fiscalía, finalmente, el proceso contra Román Estor fue archivado, con base, entre otras pruebas, en un examen del acta aludida, en la que se hallaron algunas inconsistencias, por lo cual Román denunció al ex rector y a la Secretaria General y a otros miembros de la familia Henriquez.
El abogado Herrera señala que ante la lentitud del proceso en Cartagena, que estaba a punto de que prescribieran los delitos, tuvo que pedir el traslado a Bogotá, ya que lo habían conocido varios fiscales sin decisión y que el fiscal general lo hizo indicando que había serias fallas (ver recuadro anexo sobre el traslado).
El defensor Osorio dice que inexplicablemente se logró que en la capital del país un fiscal cartagenero asumiera el caso y tomara la actual determinación.
Osorio critica al Fiscal de haber tomado en poco tiempo una determinación. Señala que éste debió declararse impedido, dada la enemistad que afrontan desde cuando fungía como miembro de la fiscalía en Cartagena y sin embargo decidió seguir con el proceso.
Señala que además de la enemistad, el Fiscal incurrió en error grave al decretar una medida de aseguramiento reglamentada en el nuevo sistema penal acusatorio, siendo que este proceso penal data de mucho antes que se implementara ese nuevo régimen penal en Cartagena.
Sin embargo, en el nuevo sistema, la medida de aseguramiento la decide el juez de garantías, y si lo hizo el fiscal en este caso, significa que se tuvo el cuenta el antiguo, dice el abogado Herrera.
Proceso trasladado a Bogotá
Mediante la Resolución No. 4660 de la Fiscalía General de la Nación, del 14 de septiembre de 2009, el ente accede a la petición del abogado de Alberto Román Estor, Simón Herrera Maciá, de reasignar la investigación No. 153706, a cargo de la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena, donde el proceso estuvo paralizado varios años, a la Fiscalía en Bogotá.
Del proceso, dice el documento que en Cartagena “el mismo no se ha adelantado bajo los parámetros o términos constitucionales y legales; se echan de menos principios tales como los de celeridad, objetividad, imparcialidad y pronta y cumplida administración de justicia, los cuales, sin duda alguna, se constituyen en el norte de todo proceso judicial.
“Muestra de lo expuesto, resulta ser el desorganizado y tardío trámite que se ha impartido a la denuncia que contra los investigados formuló el señor Román Estor el 09 de agosto de 2004”, y añade que en Cartagena pasaron más de cinco años “…;sin haberse resuelto la situación de los indagados en el 2005…;”
Comentarios ()