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Sentencia ordena al Distrito hacer obras para discapacitados en colegio

El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena amparó los derechos a la vida digna, a la educación del menor discapacitado y a la libre locomoción de una estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, que debido a su condición de discapacidad debe movilizarse en silla de ruedas.

La tutela fue instaurada por Belisario Hurtado Ramos, representante de los  padres de familia de la mencionada institución, contra la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Educación Distrital.

Al fallar, la juez ordenó amparar de manera integral los derechos vulnerados a la estudiante y le solicitó a la Secretaría de Educación del Distrito disponer de un presupuesto por 47 millones de pesos para la realización de obras en la institución educativa, teniendo en cuenta los planos aportados y la cotización. Documentación que debe ser entregada al Fondo de Servicio Educativo (FOSE).      

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

*Presupuesto: En un término de 48 horas a la notificación del fallo, ejercer los controles administrativos urgentes para que la Secretaría de Hacienda Distrital, en 24 horas, emita el certificado de disponibilidad presupuestal para que se gestionen las obras necesarias para facilitar el acceso de la menor.

*Obras: Se deben implementar las obras necesarias en los andenes de los distintos accesos al plantel, los baños deberán tener las condiciones mínimas necesarias para las personas disminuidas físicamente, y la señalización necesaria para la guía de las personas con discapacidad.

*Plazo: Una vez los recursos sean girados al FOSE de la institución educativa, el juzgado ordenará al plantel, realizar las obras en seis meses.

*Cambios: Como la biblioteca está en la segunda planta del colegio, se ordenó adecuar una de las  aulas de la primera planta para el funcionamiento de la biblioteca y de la sala de informática.

*Política pública: Para dentro de un año se ordenó el diseño de un plan dentro de una política social incluyente, que garantice el derecho a la accesibilidad a las personas con discapacidad física en todas las instituciones educativas.

ESTÁ LA PLATA

Rosario Ricardo, secretaria de Educación del Distrito, dijo a El Universal que a través de la resolución 1510 de 12 de julio de 2012, se ordena la transferencia de los 47 millones de pesos, exigidos para las obras en la institución educativa.

Los entes de control (Procuraduría, Controlaría y Defensoría del Pueblo), harán seguimiento al cumplimiento.

Por último, el Juzgado sostiene que si el fallo no es impugnado en el término de ley, será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.




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