Solicitan medida de aseguramiento contra implicados en caso Corelca

Por considerar que los imputados podrían obstruir el proceso, la Fiscalía solicitó a la juez quinta de Control de Garantías que se dicte medida de aseguramiento contra los seis implicados en la venta irregular de un predio de 51 hectáreas en Cartagena.
Los imputados, quienes no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación, habrían participado de la venta del bien cuyo propietario era la  Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, y estaba destinado para indemnizar a 63 familias afectadas por el paso de una línea de alta tensión.
Se trata de un predio ubicado en el sector de Mamonal, en el kilómetro 56 de Cartagena, que Corelca habría decidido utilizar para entregar en dación del pago para superar un embargo al que se había sometido por 13 procesos en su contra, que ascendería a los 14 mil millones de pesos.
Los seis investigados son: el notario décimo de Barranquilla para la fecha de los hechos (2009), Álvaro de Jesús Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Mompox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballestas; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza.
En la tarde de este miércoles el abogado que representa a  Corelca, Juan Camilo Córdoba, pidió a la juez que los implicados en el caso sean privados de la libertad por considerar que los hechos son lo suficientemente graves como para hacerlo.
“Se apropiaron de un bien inmueble de Corelca que en el menor avaluó sería de 44 mil millones de pesos. Las condenas ascendían a los 14 mil millones, entonces qué pasaba con el resto del dinero (...) Los hechos demuestran que hubo un acuerdo común y que todos tenían en mente hacerse a la propiedad de ese inmueble”, aseguró el jurista al referirse a la irregular venta.
Mientras que los abogados de los implicados hicieron lo propio para que la juez no aceptara el pedido de la Fiscalía y así evitar que los procesados fueran cobijados con medida de aseguramiento.