Surge más oposición a la concesión de playas en Castillogrande

Se mantiene la polvareda levantada por la noticia de solicitud ante la Dirección General Marítima (Dimar), de una concesión de playas en Castillogrande que involucra 325 metros cuadrados de área marítima y 16.040 metros cuadrados de playa; no ha cesado. Las oposiciones frente a esta posible concesión que estudia jurídicamente la Capitanía de Puerto de Cartagena, han llovido no sólo por parte de los residentes del paseo peatonal de ese barrio residencial, sino de la Personería Distrital y de las múltiples asociaciones de vendedores y trabajadores que laboran en esta franja de playa. En este sentido, Héctor Pérez Fernández, presidente de la Veeduría Urbana Popular por Cartagena, presidió ayer una reunión a la que asistieron, entre otras agremiaciones, miembros de la Asociación de Carperos y Salvavidas (Asocarvis), junto vendedores de raspado, ceviche y minutos, cuya opinión unánime y rotunda es la oposición a que se surta dicha concesión, pues temen ser desplazados. “No vamos a permitir que estas playas sean entregadas a particulares, porque está en juego el disfrute de las familias cartageneras y el trabajo de más de 300 personas cabezas de familia, que dependen enteramente de su labor diaria en este punto de Castillogrande”, arguye Pérez Fernández. El veedor manifiesta también que “lo que se pretende es que todas las fuerzas vivas de la ciudad y los entes de control se opongan a esta privatización, y que la Alcaldesa se pronuncie al respecto sin ambigüedades”. Por su parte, José Vega Zambrano, vendedor de raspado, dijo que al igual que muchos de sus compañeros de labor, se quedarían sin dinero para subsistir y mantener a sus familias. Las concesiones de playa se otorgan por máximo de 10 años. “VA CONTRA EL POT” Para el presidente de la Veeduría Urbana, Héctor Pérez, la solicitud de concesión de playas en Castillogrande viola el Plan de Ordenamiento Territorial, “pues en este sector (paseo peatonal de barrio mencionado) el Distrito tiene proyectado construir una ciclorruta”. Pérez además asegura que no se pueden hacer edificaciones en el sector puesto que “se atenta contra los cables subterráneos de alta tensión que alimenta la subestación eléctrica de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande”. También comerciantes y vecinos expresaron su preocupación por lo que ellos consideran “inminente privatización”, de manera que realizarán una marcha que esperan sea más grande que la desarrollada en diciembre, contra las concesiones. Pérez añade: “La invitación es para que la ciudadanía tome conciencia y entienda que éste no es un problema exclusivo de los vendedores ni trabajadores de las playas, sino de todos, pues a futuro van a querer privatizarlas todas”. Al igual que la Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillo y El Laguito (Asobocala), Pedro Morelo, presidente de Asocarvi, manifiesta que su gremio presentó una oposición formal ante la Capitanía de Puerto el pasado 6 de enero. “Se trata de una afrenta contra la economía informal, nosotros los carperos siempre nos hemos acercado a la Capitanía de Puerto para mostrar nuestro apoyo en todo, tenemos los permisos que nos han dado para trabajar, de modo que esta privatización nos perjudicaría enormemente”, expresa. CAPITANÍA DE PUERTO En lo que respecta al tema de probable concesión de playas, que tiene preocupados a los habitantes de la zona y a comerciantes informales, el capitán de Puerto de Cartagena, Víctor Hurtado, dice que la ciudadanía debe estar tranquila, ya que “las concesiones son un trámite normalizado y reglado”. Hurtado expresa que “no hay necesidad de gritar ni hacer protestas, dado que en la Capitanía vamos a recibir las oposiciones de todo aquel que tenga argumentos jurídicos y sociales frente a esta solicitud de concesión, como lo manda la ley”. El plazo para la recepción de oposiciones frente a todos los edictos publicados por la Dimar, culmina el próximo miércoles 3 de febrero. Según el capitán Hurtado, el análisis jurídico que empieza el 4 de febrero, no tiene un término establecido. “La ley no especifica cuánto tiempo debemos demorarnos –explica–, de manera que podemos tomarnos el tiempo que requieran estos estudios, vamos a examinar muy bien cada proyecto y cada oposición que cualquier ciudadano puede realizar”. En cuanto al caso particular de la polémica por un sector de playa de Castillogrande, solicitada en concesión por la firma Witri, el funcionario indica que se han recibido 7 oposiciones. OPOSICIÓN DEL DISTRITO Olimpia Buelvas, personera Distrital, solicitó el pasado miércoles a la Dimar y a la Capitanía del Puerto, negar esta solicitud de concesión propuesta por la Sociedad Witri Ltda., por ser violatoria del Plan de Ordenamiento Territorial. La funcionaria enuncia que la clasificación que el POT hace de esta zona costera, es netamente residencial, y por ende no permite comercio de este tipo, ni alta afluencia de público o altos niveles de ruido. “El Proyecto propuesto busca construir un complejo turístico-recreativo en la playa comprendida entre el Hospital Bocagrande y la Carrera 9ª de Castillogrande, incluyendo la construcción de un beach resort, un restaurante, un chiringuito y un muelle, lo que riñe con la clasificación del POT”, expone. El POT establece que la franja de playa marina no debe ser ocupada por estructura permanente, y las obras que se proponen construir a través del mencionado proyecto implican la ocupación de infraestructura permanente. SOLICITUDES Las cuatro solicitudes de concesión de playas que están siendo analizadas por la oficina jurídica de la Capitanía de Puerto son: –Molinos de Mallorca, en Punta Canoa. –Compañía Comercial El Dorado, en Tierrabomba. –Intucaribe-Capilla del Mar, en Bocagrande. –Witri Ltda, en Castillogrande WITRI Hasta el cierre de esta edición El Universal hizo varios intentos de comunicarse con Miltón Flórez, representante legal de la empresa Witri Ltda (que pretende la concesión de un sector de playas), para obtener mayor información respecto de la solicitud de concesión e indagar sobre la percepción de las reiteradas oposiciones a su proyecto. Pese a marcar en repetidas ocasiones el número telefónico que reposa en los documentos de la Capitanía de Puerto, nadie contestó.