Tribunal debe decidir caso de la plaza La Serrezuela

El Tribunal Administrativo de Bolívar definirá si mantiene o no una orden judicial contra el Distrito, Ministerio de Cultura y un particular, que les obliga a adelantar las acciones necesarias para la protección de la Plaza de Toros La Serrezuela, monumento de propiedad privada. Esta situación se deriva del trámite de una acción popular que fue fallada en primera instancia por el Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena, que ordenó al Distrito y al Ministerio de Cultura ponerle la debida atención al Circo Teatro La Serrezuela, en el barrio San Diego de Cartagena. Esa decisión fue apelada y corresponde al Tribunal dirimir el asunto de manera definitiva. La demanda popular fue interpuesta por las estudiantes universitarias Luz Edy Londoño Díaz, Salma Sabbag Díaz y Wendy Valderrama, quienes reclamaron el amparo a los derechos colectivos de seguridad, salubridad pública y defensa del patrimonio cultural de la Nación, ante el estado de deterioro avanzado que afronta este monumento. Los demandantes demostraron que con el deterioro de La Serrezuela hay evidente peligro contra la integridad de los resientes vecinos y los transeúntes ocasionales de la zona, y que además el Distrito ha permitido que este viejo escenario se deteriore progresivamente, pese a que el inmueble fue declarado Monumento Nacional. El Tribunal debe decidir si mantiene o no los 5 días de plazo al propietario del inmueble para que remita al Ministerio de Cultura sendas copias del proyecto “Restauración Circo Teatro La Serrezuela” y del acta de aprobación del mismo por parte del comité técnico asesor del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). Así mismo, el Juzgado le había ordenado al Ministerio de Cultura que en 10 días, luego de recibir copia del proyecto, realice los estudios correspondientes y, de ser procedentes, los apruebe para su ejecución. Al Distrito le habían dado un plazo máximo de 30 días para elaborar un plan especial de protección para la Plaza de Toros La Serrezuela, que debe realizar de manera concertada con el Ministerio y el IPCC, para evitar even-tuales condiciones de deterioro del inmueble. A juicio del Juzgado es apreciable a simple vista el deterioro en la estructura física del inmueble, tanto en su parte exterior como en los elementos arquitectónicos que lo conforman, la amenaza que esto representa y por ello necesita una intervención urgente..