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Tribunal revoca ordenes de arresto contra Acción Social

Aproximadamente unas siete (7) ordenes de arresto y pago de multas han sido revocadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar a favor de la dirección del Programa Presidencial para la Acción Social, seccional Bolívar.

Las ordenes de arresto y multas provenían de diferentes juzgados administrativos de Cartagena, que consideraron que Ación Social no estaba cumpliendo lo dispuesto en algunas tutelas que le obligaban a dar ayuda humanitaria a varias familias desplazadas asentadas en esta ciudad.
Las sanciones, que estaban en el pago entre uno y tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y arresto hasta de dos días, pasaron en apelación al Tribunal Administrativo que las revocó, tras considerar que Acción Social demostró el cumplimiento en la atención a las personas desplazadas que fueron favorecidas con sentencias de tutelas.
Es de anotar que Acción Social viene siendo objeto de centenares de tutelas en esta ciudad. Solo entre mayo y noviembre de 2009 se presentaron ante el Tribunal Administrativo de Bolívar 134 tutelas, pero las mismas continúan todas con similares pretensiones en cuanto a solicitud de ayudas humanitarias.
Respecto a este tema, la semana pasada en esta ciudad, el alto Consejero Presidencial para la Acción Social, Diego Molano, alertó a la población desplazada del país ante el accionar de presuntos tramitadores que vienen presionando a comunidades para que, vía tutela, exijan la entrega de ayudas humanitarias.
Como ejemplo grave comentó el caso de un juez de Bogotá que ordenó a Acción Social pagar unos 30 mil millones de pesos a 1.500 familias de desplazados, decisión que fue apelada y se encuentra para una sentencia en segunda instancia.
Por esta “tutelitis”, Molano señaló que Acción Social ha presentado cerca de 1.300 denuncias contra presuntos tramitadores, que presionan a la población desplazada para que presente derechos de petición y tutelas.
La mayoría de estos casos se presentan en Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia y en el Meta.
Señaló que hay unas mafias que cobran hasta el 30% si los trámites son exitosos. Se han denunciado los casos ante la Policía y la Fiscalía.

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