En la factura el impuesto aparece registrado como Distriseguridad, cuyo recaudo va dirigido al apoyo de los organismos de seguridad de la ciudad.
El pronunciamiento del Tribunal surgió al tramitar una demanda de nulidad interpuesta por el abogado Alcides Arrieta Meza, presidente de la Fundación para la defensa de los usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Fundomiciliarios, quien argumentó que el Acuerdo 028 de diciembre de 2002 expedido por el Concejo Distrital, que dio vida al citado impuesto, era abiertamente contrario a la ley y por lo tanto debía ser anulado.
Precisamente el ente judicial anuló, en primera instancia, dicho Acuerdo, argumentando que no existe una ley que haya creado el impuesto al uso del teléfono y por lo tanto el Concejo Distrital carecía de facultades legales para establecer en Cartagena tal tributo, por lo que tal acto administrativo está viciado de nulidad.
Sin embargo para cesar el cobro de tal impuesto, los usuarios de tal servicio deben esperar el pronunciamiento, en segunda instancia, del Consejo de Estado, toda vez que la Administración Distrital apeló la decisión del Tribunal.
Más detalles
El impuesto en debate es cobrado en la factura de telefonía que se genera mensualmente y su recaudo va dirigido al Distrito de Cartagena.
Según el abogado demandante, Alcides Arrieta Meza, este asunto ya había sido objeto de análisis por parte del Consejo de Estado, el cual en anteriores ocasiones había anulado otros acuerdos similares que creaban dicho impuesto.
A su juicio los concejos distritales carecen de autorización legal para crear y desarrollar tal impuesto, por lo que en el caso actual se evidencia una flagrante violación a la Constitución. Señala que solo el Congreso tendría facultad para crear una ley y al no existir ésta que autorizara no podían el Concejo de Cartagena expedir dicha norma.
Los costos
Según el abogado demandante a las residencias de estrato uno deben pagar mensualmente este año $550, mientras que de estrato 2, $ 750; estrato 3, $ 3.400; estrato $4.000, estrato 5, $ 4.500 y estrato 6, $ 5.000.
Las zonas no residenciales pagan $ 7.000; conmutadores $ 8.500 y teléfonos públicos $12.000.
Lo que dice el Distrito
Pese a que el Distrito apeló la decisión del Tribunal, la directora jurídica de la Administración, Erica Martínez, dijo que se estudia la posibilidad de buscar otras fuentes de financiación para Distriseguridad a raíz de los antecedentes judiciales que se han presentado en el país por el cobro de impuestos en las facturas de servicios públicos.
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