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Tutela contra orden de pago multimillonario de Tribunal

El Ministerio Público solicitó como medida provisional al Consejo de Estado que se suspendan en forma inmediata los efectos de la sentencia y el proceso ejecutivo derivado de la misma, hasta que se decida el fallo de tutela.

A juicio del ente de control, esta orden configuraría un perjuicio irremediable al patrimonio público ambiental de los bolivarenses, toda vez que obliga a cancelar unos incentivos de una acción popular que no se ajustan al precedente judicial, con lo cual se causaría un enriquecimiento sin causa a favor del demandante.

La acción popular fue interpuesta por un  ciudadano, quien consideró que el Distrito violó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público al no transferir los recursos por sobretasa ambiental a Cardique para que ésta, a su vez, funcione y cumpla su papel esencial.

En una primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena ordenó al Distrito devolver a Cardique los recursos percibidos por concepto de la sobretasa ambiental y reconoció como incentivo al demandante el valor equivalente a 30 smlm (16 millones de pesos) conforme al artículo 39 de la Ley 472 de 2008, que reglamente las acciones populares.

El caso pasó a manos del Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó la sentencia inicial, aumentando el valor del incentivo al demandante en el 15 % de lo recuperado por Cardique por sobretasa ambiental, con lo cual el incentivo pasó a una suma exponencial cercana a los doce mil millones de pesos.

A juicio del Tribunal, en el proceso quedó establecida la responsabilidad administrativa del Distrito y que no giró los recursos a Cardique, al igual que tampoco hizo las gestiones del caso para evitar la prescripción en el cobro de dineros que constituyen la sobretasa ambiental y es por ello que las autoridades de control disciplinario y penal deberán establecer la responsabilidad de los servidores públicos que tenían a su cargo esta labor.

Para la Procuraduría esta sentencia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por cuanto desconoció la línea jurisprudencial señalada a partir de la sentencia de constitucionalidad C-459 de 2004 sobre el pago del incentivo en una acción popular.

Sin embargo, esta acción popular pasó a revisión ante el Consejo de Estado, que debe decidir lo relacionado al pago del incentivo tal como lo solicitó el Ministerio Público y el Distrito.




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Comentarios

QUIEN SERA EL PECUECA

QUIEN SERA EL PECUECA ABOGADO ??? COLOCEN EL NOMBRE DE LA RATA

aunque yo vote por los

aunque yo vote por los Dionisios espero que los abogados de CAmpo se pongan las pilas, esa platica se la van a repartir con los magistrados y el juez, yo no gustaba del Procurador pero con esa acción ya me empieza a gustar.

confirma la sentencia y

confirma la sentencia y aumenta el valor del incentivo al 15%.
Que DESCARO, BLANCO ES, GALLINA LO PONE Y CON DOCE MIL MILLONES SE COME, ¿QUE ES?

ESTE ABOGADO HACE ACUSACIONES

ESTE ABOGADO HACE ACUSACIONES QUE SUENAN BONITO AL OÍDO, Y DE NO HABER SALIDO EL PROCURADOR EN DEFENSA DE LA JUSTICIA Y DEL PUEBLO CARTAGENERO , YO HUBIERA DICHO QUE DE ALTO CONTENIDO JURÍDICO TAMBIÉN, PORQUE LOGRÓ QUE UN JUEZ ORDENARA PAGAR, VALE DECIR A LOS CARTAGENEROS $ 16.000,OOO DE PESOS; PASO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y ESTE AUMENTO EL PAGO A 12 MIL MILLONES DE PESOS. ¡DIOS SANTO! CARTAGENA ¿QUÉ LE HICISTE A TUS JUECES? PASÓ AL CONSEJO DE ESTADO.¡ QUITEN NOS A ESTOS JUECES!

tiene que ver con

tiene que ver con cardique??????

BUENA POR ESA SEÑOR

BUENA POR ESA SEÑOR PROCURADOR, ESTA MARRANA GORDA LA PENSABAN MATAR EN DICIEMBRE, LECHONA Y COMILONA, ABOGADOS JUECES Y FUNCIONARIOS CORRUPTOS, PILAS CON ESTE PROCESO, A DEFENDER LOS INTERESES DE CARTAGENA.