Tutela favorece a cocinera de la Plazoleta Olímpica

Muchos vendedores informales del Centro Histórico de Cartagena están dispuestos a dar pelea para impedir que los saquen de las zonas peatonales en las que han trabajado por años.
Este es el caso de Nelcy Pérez de Taján, dueña de un restaurante en la Plazoleta Olímpica, quien se vio favorecida por un fallo de tutela de primera instancia que da 10 días de plazo a la Alcaldía de Cartagena para asignarle a esta informal “un sitio dispuesto por la Administración Distrital para la reubicación de vendedores ambulantes, de forma tal que pueda ejercer la actividad comercial que venía desempeñando o similar a la desarrollada con anterioridad a la restitución del espacio público...”.
La sentencia fue emitida el 22 de agosto por el juez Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Óscar Sarmiento Marín, quien decidió proteger los derechos constitucionales al debido proceso, trabajo, igualdad, y vida digna de esta cocinera tradicional.

QUIERE REUBICACIÓN
Nelcy Pérez espera que este fallo sirva para que la Gerencia de Espacio Público defina de una vez por todas su situación y advierte que “lo que yo quiero no es plata sino que reubiquen mi negocio que es el que me va a dar para mantener bien a mi familia”.
La vendedora asegura que quiere una solución pronta, dado que cada vez es más difícil trabajar en esta plazoleta debido a las incomodidades que causan a los trabajos remodelativos que empezaron hace varias semanas.
Pérez afirma que a raíz de estas obras sus ingresos han bajado drásticamente “antes de los trabajos me ganaba entre $250.000 y $300.000 y ahora si acaso me hago de $100.000 a $120.000”.

PIDE ACLARACIÓN
El gerente de Espacio Público, Adelfo Doria Franco, dice que pedirá una aclaración del fallo de tutela dado que considera que no es cierto lo que este afirma en cuanto a que el Distrito ha desconocido que esta vendedora está amparada por la Confianza Legítima.
“Siempre hemos reconocido que la señora Nelcy está cobijada por la Confianza Legítima y por tanto hemos ofrecido las alternativas de formalización a las que tiene derecho”, dice Doria.
El funcionario agrega que pese a esta decisión judicial, su despacho tiene adelantada la gestión mediante la cual esta tutelante recibiría $8’034.000 como compensación para que se retire del espacio público y traslade su negocio a un sitio.