Y no es algo opcional; fue una decisión, en segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Bolívar al resolver una acción popular interpuesta por el señor Iván Medrano Piñerez, quien se queja de las dificultades que afrontan las personas con discapacidades físicas para acceder a las sedes de la institución universitaria.
Al resolver la acción judicial, el Tribunal confirmó una orden del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena que conmina al ente universitario a colocar las rampas en sus tres sedes principales en esta ciudad y también deberá buscar los recursos necesarios para colocar ascensores en las mismas.
El citado juzgado ordenó en sentencia inicial a la institución universitaria que debe adecuar rampas en la sede del Claustro San Agustín y construirlas en las sedes de Zaragocilla y Piedra de Bolívar, acorde con las normas técnicas de calidad de Icontec.
Para la elaboración de las rampas, se concedió un plazo hasta de 4 meses para la consecución de los recursos y para su construcción un plazo de 6 meses, los cuales empezarán a contar una vez la Universidad se notifique de la sentencia de segunda instancia.
Tendría ascensores
Según señala la sentencia, la Universidad tiene un plazo de 6 meses para que inicie las gestiones administrativas y financieras para conseguir los recursos para la instalación de ascensores a las tres sedes de la Universidad de Cartagena.
Para instalar estos elementos le concedieron el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia.
Es un proyecto
A juicio del rector de la Universidad de Cartagena, Germán Sierra Anaya, la institución tiene un proyecto contemplado para instalar ascensores en las sedes en virtud de las situaciones que afrontan los discapacitados.
Ese proyecto está en manos del Departamento de Planeación de la Universidad y se están gestionando los recursos para desarrollarlo. El rector aclaró que las obras se realizarán independientemente del fallo judicial.
Agregó también que la demora radica en que, en el caso de la sede del Centro, la edificación es considerada un monumento nacional y para ello necesitan permiso de las autoridades competentes, quienes deben determinar en qué forma debe intervenirse ese inmueble.
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