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Víctimas, dispuestas a defender su reparación

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El próximo lunes, ante la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, continúa la audiencia a la solicitud de nulidad hecha por la Procuraduría General a la primera sentencia de justicia y reparación colectiva en favor de las comunidades de Mampujan, San Cayetano y las veredas de Las Brisas, Aguas Blancas, La Haya y Arroyo Hondo, todas esta poblaciones en el Departamento de Bolívar.
El Ministerio Público presentó la acción de nulidad alegando que la cuantía de $20 mil millones concedida a las víctimas por la violencia en los Montes de María, atenta contra el erario, pues considera que es muy alta.
También el organismo de control argumenta que en el proceso, el Estado no fue citado ni vencido en el juicio.
A la nación se le ordena reparar a las víctimas en Bolívar, unas 300 familias, debido a los hechos sangrientos ocurridos el 11 de marzo de 2000, cuando 12 personas fueron asesinadas por miembros de las autodefensas que operaban en la zona.
De este grupo criminal, sus ex jefes alias “Diego Vecino” y “Juancho Dique” reconocieron su participación.
Esta masacre desencadenó en el desplazamiento masivo de muchas familias que en su mayoría se movilizaron hacia los municipios de Marialabaja, San Juan, San Jacinto y Cartagena.

Las víctimas
Tulio Masa, concejal de Marialabaja, nacido en el corregimiento de Mampuján, es una de las víctimas de la violencia de los paramilitares.
Explica que propondrá ante la Corte Suprema que se tengan en cuenta los criterios sanos y la situación hoy de la gente que sufrió no sólo por la pérdida de sus seres queridos, sino por la desarticulación de sus familias por estos actos de barbarie.
“A nuestro juicio este fallo, el primero en el mundo de este tipo, podrá tener cosas que pudieron ser mejores, pero no errores; nosotros hemos hecho las cosas paso a paso de acuerdo a la normatividad”.
“A la Corte –continuó– le solicitaremos desestimar la posición de la Procuraduría teniendo en cuenta que el planteamiento es confuso cuando dice que el Estado no fue citado, no fue escuchado y mucho menos vencido en juicio.
“La Ley 975 o de Justicia y Reparación no victimiza al Estado, lo que indica que no puede ser citado de manera general. No queremos pensar que en este tema hay una intención de manejo político, y de ser así es bueno que sepan que no lo toleraremos, somos una comunidad pacífica, pero no tonta”, advierte Tulio Masa

Otro
A juicio de Javier Pulido, otra víctima del conflicto armado en Bolívar, es inaudito que sea precisamente la Procuraduría la que emita este concepto teniendo en cuenta que debe defender los derechos humanos y no permitir su violación.
“La lucha es continua por recuperar lo que nos arrebataron, hay una sentencia favorable y ahora la Procuraduría dice que estamos poniendo en riesgo el presupuesto nacional, cuando lo ocurrido fue por negligencia del Estado, que permitió que nos masacraran a nuestros seres queridos.
“La forma de vida de nuestros campesinos se afectó, se le desdibujó el plan de vida a una comunidad entera, algunos muchachos que estudiaban dejaron la escuela para ayudar a los papás a trabajar o para hacer de cabezas de familia, porque el padre fue asesinado. Otros terminaron en las drogas y en pandillas cuando en el pueblo eso no se veía. ¿Eso quién lo repara?”, recalca Pulido.

Arturo Zea Solano, coordinador en Bolívar de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), considera que el fallo de reparación a las víctimas emitido recientemente será ratificado pese a la solicitud de la Procuraduría.
El funcionario argumenta su apreciación en que ha cambiado el contexto nacional desde abril, cuando hubo el incidente de reparación (las audiencias en Bogotá transmitidas para Cartagena y las poblaciones afectadas en los Montes de María) y luego el fallo judicial a favor de las víctimas.
“Hoy en la agenda pública el tema de la restitución de tierras es prioridad, el Presidente (Juan Manuel Santos) personalmente presentó el proyecto de Ley de Víctimas diciendo que el país debe ser solidario con estas personas. No podemos reconstruir un país sin tener en cuenta el daño que ellos sufrieron”, precisa Zea
El coordinador del CNRR explica que el fallo está planteado para reconstruir las cosas que fueron incendiadas, las que se dañaron por la permicidad del Estado, “ellos no están pidiendo nada lujoso ni por encima de lo que es la escuela, la vía, el puesto de salud y de generar una dinámica económica en la región. El monto de esa reparación colectiva, 20 mil millones de pesos, es apenas razonable, y si lo analizamos a profundidad le quedaremos debiendo a las víctimas, así que no se excedieron”.

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