Para el personero distrital, William Matson Ospino, todo el problema de la violación de normas en el sector de la construcción en Cartagena está en los índices de construcción.
El funcionario sostiene que se trata de una queja recurrente entre el gremio de los constructores, quienes opinan que dichos índices no tienen una relación directa con el costo del terreno.
“Es decir --explica--, al constructor se le exige que guarde ciertas medidas que terminan reduciendo el espacio donde se pensaba construir; y por eso, muchos violan la norma con la idea de sacarle cierto grado de rentabilidad al terreno”.
Asimismo, afirma que lo más recomendable sería modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Eso brindaría a los constructores las vías para que obtengan la utilidad propia del terreno que escojan para trabajar, sin incurrir en lo ilegal.
El presidente del Consejo Territorial de Planeación de Bolívar, Aniano Morales Blanco, afirma que en Cartagena se volvió difícil construir desde que se creó el actual POT, puesto que en 1965 se había hecho un plan de ordenamiento acorde con intereses particulares y no para resolver las necesidades de toda la ciudad.
En ese sentido, los particulares comenzaron a construir por todas partes, sin respetar humedales, escorrentías o caños, hasta el año 2000 cuando el actual POT detuvo el desorden, pues se hizo pensando un poco en la ciudad, porque impone unas fuertes restricciones tanto para los constructores como para los invasores.
“Eso ha conllevado --dice Morales Blanco-- a que la tramitomanía sea la reina del enriquecimiento ilícito, porque un constructor honesto necesita un permiso para construir. Ese permiso, normalmente, debe demorarse 15 días en ser expedido, pero el funcionario de turno no lo resuelve ni dice por qué no lo resuelve. El constructor se desespera, porque necesita presentar el documento al banco, para que le presten dinero. Y es ahí donde viene el trato bajo la mesa. Entonces, al constructor le sale más barato y más rápido trabajar ilegalmente y legalizar después de haber construido”, dice Morales, y agrega que por esa razón nadie en Cartagena respeta el POT.
Al mismo tiempo, aclara que “esas presiones no son la excusa para que un constructor se deje meter en el juego de los sobornos, pero también es cierto que las autoridades deberían estudiar más profundamente ese fenómeno en busca de, por lo menos, reducir en algo la ilegalidad”.
Un arquitecto y docente universitario, quien pidió la reserva de su nombre, coincidió con Morales en que es muy difícil construir a lo legal en Cartagena, empezando porque la norma es tan estricta que obliga a los constructores a eludirla.
“Si el retiro frontal y el retiro posterior son demasiado grandes --explica--, la norma prácticamente se come el lote. Por eso, el 95% (si no es más) de las viviendas y demás construcciones en Cartagena no cumplen, por lo menos, con el item de los retiros, amén de que los trámites son costosos. Advierto que nunca he estado de acuerdo conque se incumplan las normas, pero estas deberían ser más consecuentes con la situación del ciudadano”.
Verbigracia, dijo conocer casos en los que “de diez constructores, ocho hacen las cosas a lo ilegal, mientras que los dos restantes quieren trabajar honestamente, pero tarde que temprano les queda la disyuntiva de no construir o de meterse en el juego oscuro para que su construcción tenga rentabilidad”.
Alberto Samudio Trallero, arquitecto restaurador, opina que toda la ilegalidad que sufre la construcción en Cartagena resulta de lo tedioso que es obtener una licencia de construcción, sobre todo si es para el Centro Histórico.
“A veces --expresa--, hay procesos que duran más de seis meses, y muchos inversionistas se desesperan, se desaniman y hasta renuncian, pero también hay otros que arrancan las obras sin licencia”.
Detalla que “si se trata de obras en el Centro Histórico hay que reunir una serie de requisitos y llevarlos al IPCC para someterlos a la consideración del Comité Técnico de Patrimonio. Ellos verifican si la obra está de acuerdo con la normativa que actualmente, a falta de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), se encuentra en el POT. Pero puede suceder que el Comité no tenga quórum o llegan las vacaciones, posponen y va pasando el tiempo y no resuelven con un tiempo razonable”.
Samudio Trallero añade que “a veces se dan problemas de interpretación de la norma, porque hay cosas que no están muy claras. Entonces, el constructor interpreta la norma de una manera; y el funcionario, de otra muy diferente. En las curadurías el proceso es aún más demorado, porque allí tienen que revisar las partes arquitectónica y estructural”.
Otro constructor, pidiendo la reserva de su identidad, dijo presenciar de cerca que “se crean dificultades para venderte facilidades. No pienso generalizar, pero en la mayoría de esos despachos las demoras tienen como objetivo que te impacientes y ofrezcas prebendas (casi siempre en dinero). Lo mismo pasa con los funcionarios que deben revisar la marcha de las obras: no revisan nada, simplemente buscan quién está haciendo las cosas mal para asustarlo y sacarle dinero”.
Por su parte, el constructor Rafael Morales, de la empresa Superhavit-at, considera que el proceso, a nivel de documentación, no es tan complicado para quien ya tiene experiencia.
“Lo que pasa –opina-- es que, generalmente, la gente confunde la radicación con la licencia. Para un constructor principiante es complicado y oneroso, porque cada paso del proceso cuesta dinero. No creo que esos trámites se hayan creado para obligar al constructor a que incurra en lo ilegal. Más bien es falta de información. Y los funcionarios que se percatan de ese desconocimiento, se aprovechan para obtener coimas del constructor. Pero si una persona se informa correctamente de qué es lo que debe hacer para acometer una obra a lo legal, no tiene por qué dejarse tentar por la corrupción”.
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