“¡Papá, tú eres inocente”, “¡No te preocupes que en Cartagena todo está igual”, “¡Verás que saldrás bien librado!”.
Los gritos de desconsuelo no se hicieron esperar. Eran las 10 de la noche y los familiares de Eusebio Quiroz Ruiz, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas, Emis Quiroz Ruiz, Juan Carlos Quiroz Luna y Dagoberto Quiroz Ruiz, lamentaban en las afueras del Complejo Judicial la determinación que tomó el juez Primero Penal Ambulante con Función de Garantías, Juan David Flórez, de enviar a todos los imputados a centros carcelarios como medida de aseguramiento.
Diez horas de audiencia
El drama para los Quiroz se materializó ayer, pasadas las 10 de la mañana, hora en que empezó la audiencia de medidas de aseguramiento en la que la fiscal Especializada 3, Liliana de Jesús Guardo Castaño, sustentó los motivos por los que el ente acusador consideraba que estas personas habían incurrido en los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso, estafa en modalidad de masas y urbanización ilegal.
La fiscal arrancó su intervención mostrando unos audios en los que se evidencia el distanciamiento entre los miembros de la familia Quiroz, luego de que Wilfran Quiroz se fugara del domicilio en el que cumplía su medida privativa de la libertad por el caso de desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.
“Si yo me quedo en la calle como un perro, hago que él también quedé arrastrado como una culebra. Él mató a un poco de gente (refiriéndose a los obreros del edificio Portales de Blas de Lezo II), robó a todo el mundo y ahora quiere que la Alcaldía pague”, expresó Eusebio Quiroz refiriéndose a su hermano Wilfran en un audio que data del pasado 30 de enero.
En estos audios Eusebio también señaló que si Wilfran no aparece en 15 días, va revelar información importante sobre la forma en que operaba el mismo. “Si Wilfran no aparece en 15 días, me voy para la Fiscalía a decir la ubicación de la finca que puso a nombre de Carlos (...) Yo hago que a ese viejo lo pongan preso y le quiten la finca que tiene en San Juan Nepomuceno”, agregó Eusebio.
El ente acusador señaló que en las conversaciones telefónicas hablaban de buscar e infiltrar víctimas falsas, para que dijeran que los estudios estaban malos y además trataban de llegar a los medios de comunicación para manipularlos a su favor.
En la diligencia se habla además cómo se traspasaban los bienes y utilizaban testaferros para sus propiedades.
Según la fiscal son 15 personas en total las vinculadas al proceso, 9 de la familia y los otros vienen en la segunda que son funcionarios de instrumentos públicos, de la notaría y funcionarios de la alcaldía distrital.
Desacreditan estudios
Otra de las fuertes acusaciones que reveló la fiscal Guardo Castaño fue cómo los cuestionados constructores fomentaron la desacreditación de los estudios patológicos y de sismorresistencia que aplicó la Universidad de Cartagena sobre 16 edificios que fueron levantados por los Quiroz, con el fin de evitar la evacuación de estos inmuebles.
En el audio presentado como material probatorio, un sujeto identificado solo como Alfredo, presuntamente esposo de Delis Quiroz, habla con Eusebio Quiroz de la necesidad de que todos los hombres de la familia se reúnan con el ingeniero Jorge Rocha, uno de los principales críticos de los estudios de la Universidad, para que este refute los resultados.
“No vamos a colgar los guantes. No podemos. Vamos a reunirnos todos los hombres con ese Rocha (...). No me gusta que habla a través de la puerta”, dice el audio con fecha del 31 de enero de este año. La reunión entre Rocha y los hombres de la familia Quiroz se daría al día siguiente, 1 de febrero.
Respecto a esto, el ingeniero estructural Jorge Rocha le expresó a El Universal que desconocía los intereses ocultos para relacionarlo con la familia Quiroz.
“Quién sabe qué hay detrás de todo esto. Yo no critiqué el informe de la Universidad de Cartagena solo porque sí. La discusión la he dado desde el punto de vista técnico. No tengo ninguna pelea con la institución o los ingenieros que hicieron el estudio. No tengo contacto con los Quiroz, no los conozco, no he negociado nunca con ellos y no los estoy defendiendo, porque no soy abogado para hacerlo”, señaló Rocha.
El estructuralista se mantuvo en su posición, e indicó que hubo algunas inconsistencias en el informe, principalmente por el trabajo de campo que se hizo en los edificios. “Como pieza académica es muy importante, pero tiene algunos errores y eso ya se debatió en su momento y la Sociedad de Ingenieros de Bolívar llegó a un consenso con la UdeC”, finalizó.
Pensaban en más construcciones
En un audio con fecha 2 de febrero, un hombre identificado como Fidel le dice a Juan Carlos Quiroz que ya metió otro proyecto para construir una edificación, y que solo tuvo que recurrir a unos amigos para que le aceptaran la solicitud.
El hombre también aseveró que esta vez deben tener cuidado con el uso de varillas y material de construcción, pues por todo el “escándalo” ahora le van a poner más el ojo a ese tipo de especificaciones.
Un delito menos
Cabe destacar que el juez eliminó de los cargos el delito de concierto para delinquir, por lo que se mantienen en firme fraude procesal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso, estafa en modalidad de masas y urbanización ilegal.
“Se quiso entregar”
Domingo Moreno, uno de los abogados defensores de los Quiroz, manifestó que Wilfran Quiroz estudió la posibilidad de entregarse ayer en medio de la audiencia que se adelantaba en contra de los otros integrantes de su familia. El defensor, quien llevaría el caso de Wilfran, afirmó que la Fiscalía se negó a aceptar la solicitud y que ahora tienen que ponerse de acuerdo para lograr una entrega acordada.
Por otro lado, la Alcaldía de Cartagena informó que está ofreciendo, a través del Fonset, hasta 20 millones a los ciudadanos que den información que permita la ubicación y captura de Wilfran Quiroz Ruiz y María de las Nieves Quiroz Ruiz.
Los hermanos Quiroz son requeridos por la justicia. Ambos se encuentran vinculados a la operación Castillos de Arena de la Fiscalía. Las autoridades judiciales son las encargadas de recibir la información y dar el manejo de reserva para quienes aporten los datos que orienten a las autoridades y permitan su localización.
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