El 23 de abril del 2017 era domingo y en Cartagena transcurría la vida con la tranquilidad de un pueblo donde nada pasa.El Universal anunciaba en su título principal una jornada de vacunación, con 10 mil dosis disponibles y en las noticias secundarias más importantes aparecían los cuidados que se deben tener para evitar la muerte de menores de edad en vehículos.
Se hablaba en Cartagena del riesgo del desplome del cerro de La Popa y de la eterna espera de los carromuleros para que les reemplazaran los animales por motos, mientras en Blas de Lezo, el edificio Portales de Blas de Lezo II se alzaba sin licencia de construcción e incumplía las normas urbanísticas.
Hoy hace un año, ya se habían construido en la ciudad cerca de 47 edificaciones con licencias falsas, pero el silencio y la falta de verificación de los funcionarios encargados reinaría hasta finales de esa semana, cuando la tragedia
destapó el escándalo.
No era reconocido el nombre de Wilfran Quiroz Ruiz, pero ya era el líder de lo que hoy se conoce como el ‘Clan Quiroz’, responsable de 36 construcciones ilegales en la ciudad, 20 de ellas apenas confirmadas por la Fiscalía la semana pasada y por las cuales se procesarán a los miembros del clan.
Cómo lograron los Quiroz armar un imperio ilegal sin mayor intervención de las autoridades es un asunto que todavía la justicia colombiana está resolviendo y que involucra a servidores públicos. La Fiscalía general está segura de que todos los delitos imputados fueron hechos con dolo y premeditación.
EL MISMO MÉTODO
Según la fiscal que le imputó cargos a Quiroz por cinco delitos relacionados con los edificios Brisas de Blas de Lezo, Brisas de Los Alpes y Alpes 31, la forma como se construyeron y diligenciaron los documentos requeridos de las obras fue exactamente la misma y con base en la falsificación de la licencia de construcción.
Aunque hoy todavía no se han comenzado procesos judiciales de las otras edificaciones, cuyo riesgo fue certificado por la Universidad de Cartagena y está siendo revaluado por la Universidad Nacional, la Fiscalía construyó una línea acusatoria con base en la cronología del registro de la constitución del reglamento de la propiedad horizontal y todo lo que ello conlleva.
NO ES RECIENTE
El 2 de diciembre de 2013, narra la Fiscalía, Wilfran Enrique Quiroz concurrió ante la Notaría 1a para constituir el reglamento de Propiedad Horizontal de Brisas de Blas de Lezo, uno de los edificios construidos. Su licencia de construcción era la número 304 del 18 de octubre de 2013, con cinco pisos y 10 apartamentos, todos a nombre de Quiroz Ruiz.
El edificio ya estaba hecho cuando se suscribió la propiedad horizontal, pero la licencia no fue diligenciada antes de construir. De hecho, explicaría el ente investigador, nunca fue diligenciada.
Tampoco estaba diligenciada la licencia de construcción de los demás edificios, pues el documento con que concurrió Quiroz ante los notarios fue demostrado como falso en un ejercicio de experticia del ente acusador.
Era la forma como actuaba el clan y era quizás lo mismo que planeaban hacer tras culminar la obra de Portales de Blas de Lezo II, cuyo desplome evidenció que la valla de curaduría era falsa y no tenían ningún otro permiso para construir. En los tres edificios en mención, la Secretaría de Planeación constató que ninguna de las estructuras cumple con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Conseguir el reglamento de propiedad horizontal le abrió el portal para justificar la legalidad de los edificios y tras obtener este documento público falso, Quiroz inscribió las escrituras en la oficina de Instrumentos Públicos, haciendo errar al
servidor público e incurriendo en fraude procesal.
PASO A PASO
Con la inscripción de la matrícula inmobiliaria y la puesta en venta de cada uno de los apartamentos, logró lo que la fiscal especializada Liliana Guardo definió como “el crimen perfecto”. Un engaño en cada paso que permitía el propósito final: enriquecer su patrimonio a costa del detrimento de particulares y evadiendo impuestos, afectando también los recursos del Estado.
Pero el engaño no solo pretendía ahorrar en impuestos, sino también obviar los estudios previos a las construcciones y utilizar materiales de baja calidad. Un negocio redondo que se mantuvo oculto durante por lo menos cinco años, que enriqueció al clan y a sus cómplices, cobró 21 vidas inocentes y tiene en la incertidumbre a las más de 100 familias que fueron estafadas.
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