Los empleados judiciales de la ciudad atendieron el llamado del Tribunal Superior de Cundinamarca que convocó a la Jornada de Reflexión de la Rama Judicial, puesta de manifiesto a través de una protesta silenciosa.
La actividad se realizó en el Tribunal Superior de Cartagena, sobre la avenida Venezuela, en simultáneo con todos los distritos judiciales del país y juzgados municipales. El acto de protesta fue a las 12 m.
“Se trata de visibilizar la inconformidad de la familia judicial con la reforma de Equilibrio de Poderes que, en el componente de justicia, pretende diezmar la autonomía e independencia judicial para darle preponderancia a la Rama Ejecutiva en el manejo y administración de la justicia”, explicó Francisco Pascuales, presidente del Tribunal Superior de Cartagena.
El proyecto de ley en cuestión propone la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de nuevos organismos de administración jurídica, como la Sala de Gobierno Judicial en la que participaría el Ministro de Justicia, entre otras medidas.
La protesta silenciosa contra la reforma, que solo le falta un debate en el Congreso Nacional, hace parte de una estrategia nacional de oposición que han liderado el Tribunal Superior de Bogotá y el de Cundinamarca y que incluye foros y protestas virtuales a través de las redes sociales.
El mes pasado, Hermes Lara Acuña, magistrado de la Sala Penal de Tribunal de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de esa misma ciudad, estuvo en Cartagena para motivar a los magistrados, jueces y demás empleados judiciales a participar en esas manifestaciones.
“El Caribe tiene que ser un bloque fuerte que le exija al Congreso que no puede hacer lo que quiera con la Rama Judicial y que deben hacer los cambios de acuerdo con la Constitución y no por fuera de ella”, expresó Lara en ese momento.
De acuerdo con Francisco Pascuales, es importante que los ciudadanos sepan que los “jueces y magistrados que amparan sus derechos fundamentales, especialmente en materia de salud, seguridad social y educación están en serio peligro de quedar en manos del (poder) Ejecutivo y por ende de la clase política del país”.
Los funcionarios judiciales consideran que no es tarde para pedir una audiencia antes del último debate.
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