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Medida cautelar a favor de la niñez

La tutela instaurada por el personero Distrital, William Matson Ospino, para garantizar la prestación de los servicios de salud a 65 mil niños de la ciudad, luego de que la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño y la UCI Doña Pilar anunciaran el cierre de servicios a los usuarios de siete EPS morosas, fue admitida. Lea aquí (Tutela pide garantizar prestación de servicios médicos a niños de Cartagena)

El pasado 4 de agosto, el Tribunal Superior de Cartagena acogió la medida cautelar solicitada por Matson, quien fue notificado ayer de la admisión del proceso.

Recordemos que la tutela la interpuso el funcionario contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), y las EPS Comfamiliar, Comfacor, Coomeva, Cafesalud, Saludvida, Nueva EPS y Cajacopi.

No obstante, el Tribunal dispuso “vincular al trámite a la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño, como tercero incidental por el interés que pudiere tener en las resultas de la presente actuación”.

“En consecuencia - explica el órgano - se dispuso solicitar a las accionadas y vinculadas a rendir informe relacionado con los hechos que motivaron la solicitud de tutela, allegándose al mismo copia de las piezas procesales pertinentes, el cual deberá ser enviado dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la presente comunicación”.

Respecto a la medida cautelar, el Tribunal ordenó a la Casa del Niño y a la UCI Doña Pilar, que de manera provisional e inmediata, detengan el cierre de sus servicios a las entidades: Comfamiliar, Comfacor, Coomeva , Cafesalud, Cajacopi, Saludvida y la Nueva EPS, “mientras se resuelve de fondo el presente accionamiento, acorde con su solicitud expresa”.

El Personero aseguró que “esta es una medida provisional que nosotros estábamos esperando (...) hubo una reunión con las EPS y otras autoridades competentes cuando la Casa del Niño dijo que cerraba sus puertas, y se acordó reabrirlas, pero siguen los problemas, porque la salud de los niños no está garantizada de manera efectiva. No hay un solo contrato entre la red de prestadores de servicios y las EPS para garantizar de manera efectiva la salud de esos 65 mil infantes”.

Precisó que “el propósito de la tutela es que todas las EPS contraten la red de prestadores del servicios de salud (...) El único que presta ese servicio para los niños en Cartagena es la Casa del Niño, por eso queremos obligar a las EPS a través de la vía judicial, para que garanticen mediante contratos la atención médica de los niños”.

“Todavía no se falla la tutela de fondo - recalcó Matson- pero la medida provisional es el inicio de una serie de decisiones que tomarán los tribunales para garantizar la efectividad del derecho a la salud.  Esta disposición es para que dentro de los 10 días que tiene el Tribunal para dictar la sentencia de tutela, no les sea vulnerado el derecho fundamental a la salud a los niños en Cartagena”.

LA DEUDA
El incumplimiento de contratos y pagos, y una deuda de más de $16 mil millones, obligó a la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) y UCI Doña Pilar, a cerrar servicios el pasado 21 de julio.

La medida fue levantada la noche del 25 de julio, tras una reunión liderada por el Dadis, en la que participaron representantes de las EPS mencionadas, a excepción de Nueva EPS y Comfacor.

Ese día los asistentes se comprometieron a acordar pagos. No obstante este martes, Luis Orlando Ortiz Ibáñez, director de la entidad privada sin ánimo de lucro, informó que “con gran preocupación vemos que pese a todos los esfuerzos que hemos hecho por garantizar la prestación de los servicios, a la fecha ninguna institución ha girado un solo peso”.

Sobre la reciente medida cautelar, Casa del Niño manifestó que desde que se celebró la reunión con cinco de las siete EPS morosas, “los servicios salud comenzaron a prestarse a los niños y continúan prestándose”.

CON RESPALDO DEL PROCURADOR
A petición del Personero, el procurador general, Alejandro Ordóñez, delegó a un funcionario para acompañar las acciones que se han emprendido para garantizar los servicios de salud a los niños de la ciudad.

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