Cartagena


Minucias en el debate por proyectado edificio de 35 pisos, en Bocagrande

PEDRO TORRES VERGEL

26 de diciembre de 2014 03:10 PM

Al abrirse el debate en sectores políticos y ciudadanos de Cartagena por la recién anunciada construcción de un edificio de 35 pisos en el predio donde se encuentra la casa de la ciudadana Judith Porto de González (Calle 10 #3-32), en aproximaciones de la Base Naval, varios argumentos salen a flote por parte de los promotores del proyecto, para sustentar su viabilidad y materialización.

La abogada Beatriz Botero Arango y el promotor del proyecto José Antonio Villegas, de la firma constructora Interla S.A.S que actúa en representación del fideicomiso Fiducolombia Portonovo S.A.S, de la familia González Porto, hablaron del tema para el periódico Gente Bahía.
Desempolvan la historia de Bocagrande para remontarse a los precedentes históricos de finales del siglo XIX, y en especial a lo que ellos han considerado el registro clave de esa larga tradición, el año 1963, cuando la Administración de Cartagena y Judith Porto acordaron hacer una permuta, porque el municipio necesitaba un lote en una montaña para hacer el acueducto de la ciudad. El Estado también quería desarrollar a través de la Armada una obra educativa, que habría sido el desaparecido Colegio Naval Militar Abolsure.
Ese terreno se encuentra en las lomas del barrio Paraguay, y es el mismo donde en efecto hoy opera la planta principal del acueducto, y funcionara el Colegio Abolsure (hoy sede de la UNAD), delimitados por la vía principal de la zona.
Judith Porto le entregó al municipio los 30.000 metros cuadrados de su terreno en el Paraguay, y a cambio recibió del municipio un predio en Bocagrande de 3.000 metros cuadrados, en el sector donde funcionara un hangar, en cercanías de la Base Naval de hoy, frente al mar.
Es la tierra donde por décadas ella ha tenido su casa residencial hasta la actualidad.
Como anécdota, cuenta la profesional Beatriz Botero, que la señora Judith no quería el mencionado inmueble, porque era un pantanero, pero fue el esposo de ésta quien se enamoró del predio.
La familia González Porto solicito de inmediato licencia de construcción, que le fue adjudicada, pero no tenía recursos para construir la casa que querían, y como alternativa entonces desenglobaron el permutado terreno de casi 3.000 metros cuadrados segmentándolo en 4 lotes, de los cuales vendieron 3 predios equivalentes a un total de 905 metros cuadrados.
Con los recursos de esa negociación pudieron construir su casa en el predio con el que se quedaron, del cual hoy siguen siendo propietarios. 
“En la escritura pública de la permuta de la señora Judith con el municipio se cumplieron todos los requisitos legales. Para esa época los lotes se podían desafectar del uso público o institucional si se reemplazaban por otros, y todavía esto se hace. Esa permuta fue aprobada por el Gobernador y el Concejo al cabo de cuatro años de sesiones sobre el tema”, explica Beatriz Botero

SOBRE EL PEMP Y EL POT
El PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección), que aún no existe y que deberá ser firmado por el alcalde de Cartagena cuando esté listo, “es para protección del patrimonio histórico de la ciudad y sus áreas de influencia, que no son más de 50 metros de acuerdo con el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), pero con el tema de que se afectarían los conos visuales del patrimonio han metido como área de influencia a la zona de la Base Naval, que esta muy alejada, y la propiedad de Judith Porto mucho más distante todavía”, explica la abogada Botero Arango.
Advierte que no puede haber retroactividad para la aplicación de las normas que se definan en el PEMP, porque es el POT el que está vigente y determina el uso de la tierra, y toda la zona de la Base Naval esta amparada por ese ordenamiento.
“Por ejemplo el uso de la tierra donde esta la Base es institucional, y los demás predios que están a su lado tienen uso turístico y mixto, según el POT”, señala la abogada.
Defiende la determinación del curador urbano 2, Guillermo Mendoza Jiménez, de expedir la licencia de construcción para el edificio, porque “las decisiones de un curador no son discrecionales, sino regladas, y si tú cumples las reglas, él tiene que conceder la licencia”.

ALCANCES LEGALES
En cuanto a las probabilidades de que finalmente el PEMP extienda sus tentáculos hasta la Base Naval y predios vecinos, la abogada Beatriz Botero Arango explica:
“Si el alcalde firma el PEMP con estos lotes incluidos, es el Distrito el que se está responsabilizando de indemnizar a los particulares que legítimamente tienen la propiedad, él tendría que pedirle permiso al Concejo para afectar estos predios con la figura de uso publico, y tendría que indemnizar por daño emergente (lo que vale el lote más las construcciones) y por lucro cesante, que quiere decir que si ya tienes una licencia de construcción, una fiducia, unas inversiones para un proyecto, te gastaste una plata y tienes una expectativa objetiva a futuro, te tienen que pagar sobre todos fundamentos”.

BAJAMAR O NO
El promotor del proyecto José Antonio Villegas explica que el área está amparada por la vieja normatividad, cuando no se había establecido qué tierras se consideraban legalmente franjas de bajamar de interés público o para uso público.
“Cuando la señora Judith hizo negocio con el Distrito, no habían esas normas, por lo tanto su terreno comprado frente al mar es legal, porque era un lote que estaba reconocido como privado”.
De tal manera, dice Villegas, este caso con el predio de los González Porto, como tantos otros a orillas del mar que fueron adquiridos y edificados en tiempos lejanos, no pueden ser afectados ahora por las normas posteriores que definieron lo que es bajamar y qué no lo es, a menos que el Estado los adquiera legalmente para sus propósitos de interés público.

CEDEN ESPACIO
José Antonio Villegas, de la constructora Interla, indicó que la firma promotora del proyecto prevé ceder sobre la Carrera 3 una franja de 4 metros de ancho del referido predio, para ampliar los carriles de esa vía, obras que asumiría el mismo inversionista, previa autorización del Distrito.
“Esto beneficiará al proyecto y a la ciudadanía, porque valoriza el espacio público, que es el primer factor de valorización de una propiedad”, en este caso el edificio que planean.

REPAROS AL PROYECTO EN CONCEJO
En audiencia pública realizada el viernes pasado en el Concejo Distrital, residentes de Bocagrande, Castillo y El Laguito, y las organizaciones vecinales Asobocala y JAC de Bocagrande, manifestaron su oposición al proyecto de levantar un edificio de 35 pisos en un predio privado, en proximidades de la Base Naval, al cual ya le fue concedida la licencia de construcción. 
Lo hicieron con pancartas y consignas de rechazo durante las dos horas y media que duró el debate.
Coinciden todos en que el predio, propiedad de la familia González Porto, es necesario para prolongar la Avenida Chile y el Paseo Peatonal de Bocagrande con el fin de desembotellar el flujo vehicular de la zona urbana de la bahía, y también con propósitos paisajísticos.
Gina Olmo de Trucco, presidenta de la JAC de Bocagrande, considera que las obras que solucionen la movilidad ciudadana en la zona, deben ser prioridad para el Gobierno Distrital, aprovechando los espacios que existan.
Le pide a la Administración actualizar y definir en el POT el uso del suelo para el globo de tierra que enmarca a la Base Naval hasta la Calle 10, declarándolo de utilidad pública.
Por su parte, Asobocala, a través del abogado Joaquín Torres, manifestó que la opción de ampliar la Avenida Chile para descongestionar a Bocagrande cuando ya se ha determinado el traslado de la Base Naval a Tierra Bomba, moriría para siempre si se construye la edificación que ha generado esta controversia. 
Torres Nieves anunció que Asobocala prepara un paquete de acciones jurídicas para detener el polémico proyecto, porque en consonancia con la Constitución Nacional, en el desarrollo urbano debe prevalecer el interés colectivo.
Para el concejal David Múnera, uno de los convocantes a esta audiencia pública, “el problema no es solo de legalidad o de conveniencia, sino mirar hacia dónde vamos. Permitir esta edificación es decirle al Gobierno Nacional que puede construir altas moles de cemento en los terrenos de la Base Naval”.

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