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Montes de María, una buena lección para la restitución de tierras en Colombia

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Antes de que se aplicara la Ley de Víctimas y Restitución, las encuestas decían que solo el 15% de los campesinos iba a volver a sus tierras, pero lo que pasó fue que más del 80% de personas con sentencias restitutivas están volviendo. En los Montes de María se han restituido 2.500 hectáreas a sus legítimos dueños.

“Cuando arrancó la política de víctimas y de restitución la zona retadora era Montes de María, El Carmen de Bolívar es el municipio con más reclamos. Cuando empezamos sabíamos que no sería fácil, pero luego de estar implementando la norma nos dimos cuenta que de aquí sacaremos las mejores lecciones para el país”, explicó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Jesús Ricardo Sabogal Urrego.

En entrevista con El Universal, Sabogal Urrego habló de cómo va la restitución en Bolívar, cuánto hace falta, incentivos para que los campesinos vuelvan a sus tierras, la atención a segundos ocupantes y cómo determinar si hay o no buena fe por parte algunos reclamantes.

En restitución de tierras, ¿cuál es el panorama de Bolívar?

Estamos atendiendo cinco mil reclamos en el centro y norte de Bolívar. En este momento hay tres jueces en El Carmen de Bolívar y tres magistrados en Cartagena atentos solo a estas reclamaciones. Y está el equipo de la Unidad escuchando a la gente y filtrando los casos. En lo que le corresponde al Gobierno, el avance es del 80%, los jueces van en otro porcentaje. Ya se ha decidido la restitución de 2.500 hectáreas para aproximadamente 110 familias, y en sus despachos hay 15 mil hectáreas por resolver.

El norte de Bolívar está en fase administrativa, es decir, estudiando las reclamaciones.

Entonces tenemos: jueces instalados, tierras restituidas y un legado para la misma sociedad y para el país, un aprendizaje para resolver en el sur del país. Hay que aclarar que los jueces fallan algunos casos cuando no hay opositor, pero normalmente es el Tribunal el que dicta sentencia.

¿Pueden aparecer más reclamos en Montes de María?

Creemos que todos los reclamantes están. No falta el colombiano con ‘exceso de iniciativa’ que pide restitución en un pedazo de Bocagrande, pero en los Montes de María, ya está todo dentro del proceso. No creemos que haya nuevas reclamaciones.

¿Qué pasa entonces con esos “colombianos con exceso de iniciativa”?

Tenemos un trabajo articulado con la Fiscalía para que cada vez que las personas que de manera abusiva intenten utilizar la ley, se les abra investigación. Ya hubo capturas en el país. Lamentablemente debo decir que en Bolívar hay varios. Por ejemplo, cerca a la nueva sede de la Gobernación de Bolívar ya hay una reclamación.
Estamos pendientes de estos casos para que tengan consecuencias. Todo el que utilice mal la norma debe ir a la cárcel, no es lo mismo cuando un campesino que no sabe comete un error, pero cuando uno ve que hay mala fe, alteran testimonios, documentos, esa persona necesita una lección. Entonces va a la Fiscalía y ojalá con orden de captura.

Llegamos a la buena fe, ¿cómo determinar cuándo hay buena fe por parte de alguien que compró uno de estos predios en restitución? ¿Por qué se ha centrado este asunto en los ganaderos?

Hemos sido claros con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, la restitución no es contra los ganaderos. Normalmente un ganadero le está reclamando a otro. Hay mucha gente de buena fe y los jueces la están reconociendo y dando indemnizaciones, en muchos casos los dejan en las parcelas. Aquí hay variedad de casos.

¿Qué ha dicho la Corte? Que cuando usted va a hacer un emprendimiento grande y no es campesino humilde de la zona, si va a comprar en una zona muy afectada por la violencia tiene que hacer un ejercicio fuerte de análisis, si usted es ligero, es posible que los jueces no le den la razón. Cuando se trata de un campesino, compra con mismas limitaciones del vendedor, ambos arropados bajo el contexto de violencia, ahí la buena fe es diferente.

No son los ganaderos, lo que digo es que personas que compran tierras en contextos de violencia pueden estar en dos niveles, que aún en contexto no les afecte, “yo en Miami por ejemplo”, o que me afecte la misma violencia que al vendedor, la transacción es diferente. El nivel de exigencia de la norma es diferente. En la segunda la buena fe es más fácil de probar.

La aplicación de la restitución no tiene sesgos, el Presidente ha sido claro en que la restitución de tierra no se negocia en La Habana ni en Ralito, no es ideológico, es de elemental justicia, en ese sentido, todo aquel campesino que haya sido obligado a salir de su parcela tiene derecho a que le devuelvan la tierra.

¿Qué pasa en los casos de campesinos, que bajo el mismo contexto de violencia, compraron o están ocupando una tierra en restitución?

Esta es otra buena lección para el resto del país que nos deja Montes de María. Cuando arrancamos con la ley, el desorden que provocó la guerra era tanto que nos encontramos a otro campesino pobre asentado en predio objeto de restitución, a esas personas les creamos un programa de Atención a Segundos Ocupantes, para dar tierra para ese campesino, ¿Por qué? Ahí lo que hace el Estado es porque reconoce ser responsable de lo que pasó. Tenemos que comprarle tierra. En este momento arrancamos compra de tierras para entregar a esos campesinos, 11 familias en Bolívar han sido reconocidas como segundos ocupantes.

¿Qué pasa? Son campesinos vulnerables, asentados en tierras que son reclamadas de manera justificada, y que se compraron a precios ínfimos, en el 2001 a uno le regalaban la tierra en El Carmen de Bolívar, el precio no existía, porque nadie iba por allá o estaba minada, y un negocio en esos términos no es negocio, pero no tengo que cargarle la mano a ese otro campesino, así que hay tierra para ambos.

¿Y los que no tienen escritura?

En Bolívar no tenemos tanto ese problema, pero la informalidad de los campesinos es muy alta. Más del 50% no tienen títulos. Entonces toca con topógrafos, testigos y otros documentos, empezar a identificar los predios. Además, el Catastro está desactualizado y no sirve mucho. ¿Qué es bueno? Que hecha la restitución se les entreguen títulos y registros para que eso nunca vuelva a pasar, porque lo que hizo más vulnerable a la población campesina, fue no tener títulos de propiedad.

Ahora, cuando esto sucede en baldíos de la Nación, se da a cada familia lo correspondiente a la UAF (Unidad Agrícola Familiar), que es la cantidad de tierra suficiente para poder vivir y tener un excedente capitalizable como campesino, ese es el concepto. En el sur del país y oriente hay poca titulación, y lo que sucede es que muchos no tenían una UAF si no 10, esto pone a cada uno en su sitio.

Como dato, la UAF también depende de la calidad de la tierra, en Montes de María puede ser de 20 a 25 hectáreas, y en el oriente del país, la unidad es de 1.800 hectáreas. Allá la tierra no es muy fértil.

¿Cómo motivar a los campesinos y sus familias a que vuelvan a sus tierras y las trabajen?

Aprendimos mucho de lo que sucedió en el pasado, nos dimos cuenta que la gente vuelve si tiene incentivos para volver. La restitución les da la tierra, vivienda y un proyecto productivo con asistencia técnica. A cada familia se le entregan unos 20 millones de pesos. Y se les guía en todo el proceso de decidir cuál será su proyecto, dónde y cómo comprar lo que necesita, se les guía en todo el camino con asistencia técnica.

En cuanto a los tipos de proyectos, no imponemos cultivos o razas de ganado, que sea lo que ellos quieran porque entendemos lo difícil que es luchar contra la tradición de la gente. En esta zona eligen mucho sembrar yuca, maíz, ñame, aguacate, tratan de tener también sus vacas.

Pero lo más importante es que esta experiencia le deja un legado al país, y es que nunca más un actor armado toma decisiones; nunca más un campesino busca a un actor armado para que le dirima su conflicto. Un juez dirime los conflictos y está entendiendo los problemas de todos. Impartiendo justicia. Hay gente con predios restituidos. Trabajando. Este es un nuevo momento para los Montes de María.

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