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15.000 familias serán reparadas: Pizarro Leongómez

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNNR, Eduardo Pizarro Leongómez, manifestó que, en el marco de los cinco años de la Ley 975 del 2005 (Justicia y Paz), que se cumplirá el próximo 25 de julio, 15.000 familias víctimas del conflicto armado en Colombia serán reparadas por vía administrativa.

Estas familias serán beneficiadas con recursos que facilitará el Estado por 300.000 millones de pesos, los cuales serán entregados a víctimas de todo el país a lo largo de cinco años, según afirmó el presidente del CNRR. “Gracias a la reparación por vía administrativa, se podrá avanzar en la reparación de las víctimas de manera inmediata, sin que sean sometidas a procesos complejos y dilatorios”, aseguró Pizarro.
Pizarro Leongómez también anunció que Frank Pearl, en calidad de Alto Consejero para la Reintegración Social, está preparando nuevamente un proyecto de Ley, con el cual se buscará insistir en la permanencia de la Ley de Justicia y Paz, para que ésta no sólo beneficie a los desmovilizados que cometieron delitos antes del 25 de julio de 2005.
“Si esta Ley no es aprobada sería una tragedia para las víctimas porque 25 mil desmovilizados pasarían a la justicia ordinaria, donde ellos no tienen la obligación de confesar la verdad, sino que les tienen que comprobar su culpabilidad”, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Así mismo, afirmó que dicha Ley no beneficiaría a las bandas emergentes, “a quienes se les aplicará un rigor absoluto”.

Bomba de tiempo
El presidente de la CNRR manifestó que una de las tareas prioritarias que tendrá que encarar el nuevo gobierno, tiene que ver con la restitución de las tierras, puesto que es un proceso complejo en donde se presentan varias personas reclamando la titularidad de una misma tierra, y en donde también hay personas ocupándolas, dispuestas a defenderlas con amenazas.
“La experiencia internacional muestra que hay un riesgo de que la situación de las tierras pasen de un conflicto político a un conflicto por la tierra. Por esto, es indispensable que la seguridad vaya de la mano con el retorno a éstas”, dijo.
De acuerdo con cifras de la CNRR, las sedes regionales de restitución de tierras han recibido 500 casos de riesgo y protección, los cuales están siendo atendidos por el Ministerio del Interior y de Justicia.
En este sentido, Pizarro Leongómez considera que otra meta del nuevo Gobierno es proteger a las víctimas. “Treinta (víctimas) han sido asesinadas en Justicia y Paz, y esto puede deslegitimar la Ley, por eso es importante la protección a ellas y a los testigos”.
Finalmente, insiste en la necesidad de la prolongación de Justicia y Paz, puesto que “las Bandas Criminales (Bacrim) se están alimentando de este vacío legal” y recomienda el aumento de los magistrados de Justicia y Paz, “puesto que 58 procesos están listos, pero sólo hay cuatro magistrados para atenderlos”.

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