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43 millones deberá pagar el ICBF por muerte de un menor en hogar sustituto

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Al considerar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tuvo los cuidados y controles necesarios frente a la atención requerida por un menor de 12 años, quien murió por desnutrición en el departamento del Huila.

Este hecho fue el que le permitió al Consejo de Estado condenar a dicha institución al pago de 43 millones de pesos por los perjuicios causados con la muerte del menor.

Según el presidente del Tribunal, Mauricio Fajardo, el padre del menor se lo entregó a la seccional del ICBF Regional Huila para su manutención y cuidado puesto que no tenía los recursos económicos suficientes para responder por él, además de reconocer que en su hogar biológico era maltratado física y mentalmente por su madre y padrastro.

Ante esta situación el menor fue declarado en situación de peligro y abandono. A pesar de todo esto, el Instituto no le suministró los cuidados adecuados para un menor en estado de desnutrición y con un ligero retraso mental; sino que se le dio una manutención muy regular.

“No era solo garantizar la manutención del niño sino brindar la atención especializada que los dictámenes médicos habían recomendado al propio Instituto a propósito de la verificación del estado calamitoso en el que se encontraba el menor”, señaló el magistrado Fajardo.

El menor, quien por un año tuvo que vivir en diferentes hogares sustitutos del ICBF en todo el departamento huilense, no recibió –según el Consejo de Estado- atención médica ni psicología pese a los dictámenes de especialistas sobre su estado de salud.

Después de este lapso, el Instituto entregó el menor en un deteriorado estado médico y mental al padre.

CONSEJO DE ESTADO

Ante esto, el Consejo de Estado manifestó que la grave falla en que se incurrió fue entregar al niño, sin haber estabilizado su condición física.

“El daño antijurídico está constituido por el estado de desnutrición crónica con que fue entregado el menor a su padre. Lo anterior no deja de asombrar a la Sala, pues la entidad que tiene a su cargo la protección integral de la infancia y la adolescencia somete a un niño a un éxodo lejos de su único ser querido, para con posterioridad retornarlo en similares o perores condiciones”, indica la sentencia.

A pesar de esto el ICBF solo fue condenado al pago de cerca de 43 millones de pesos por los perjuicios morales causados por lo que el Consejo de Estado denominó una actitud “indolente, indiferente y negligente”, asumida por el padre del menor, toda vez que se negó a recibirlo, pese a que el Estado subsidiaba las necesidades básicas del niño.

Por último, el alto Tribunal le ordenó a la directora del ICBF diseñar, promover e iniciar un programa de formación y capacitación dirigido a los funcionarios de esa entidad para que este tipo de hechos no se repitan.

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