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Abusos de cultivadores de palma africana en Colombia preocuparon a EE.UU.

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Los abusos de parte de algunos productores de palma africana y paramilitares en Colombia, especialmente contra comunidades negras de la región de Chocó, preocuparon a la embajada de Estados Unidos, que apoyaba programas de ayuda a los habitantes de esa zona.   

Cables diplomáticos filtrados por Wikileaks y publicados hoy por el diario El Espectador refieren que la palma africana se presentaba como un cultivo alternativo a la coca en Colombia, pero algunas firmas arrebataban tierras a las comunidades negras del Chocó para esos sembradíos.     

Un cable del 4 de abril de 2007 indicó que “hay acusaciones de que productores de palma africana, posiblemente con apoyo de paramilitares, han tomado ilegalmente tierras de las comunidades afrodescendientes para sus cultivos”.     

“Estas comunidades son especialmente vulnerables a la explotación debido a la ambigüedad en la propiedad de sus tierras, la debilidad de su organización y la historia de violencia en la costa del Pacífico”, añadió el documento, al indicar que el gobierno colombiano se concentraba en resolver el problema.     

En otro cable del 6 de mayo de 2008, el consejero político John Creamer destacó que tres sacerdotes católicos denunciaron nexos entre narcotraficantes y fuerza pública en la región de Bolívar y que “algunos productores de palma africana usaban a las fuerzas armadas para tomar las tierras de los campesinos”.     

El entonces embajador William Brownfield viajó a la zona para ofrecer respaldo a los grupos sociales y desarrollos alternativos que promovían, según el cable que refiere también que el gobierno se había reunido con los sacerdotes y les había ofrecido protección.     

Finalmente, un despacho del 17 de enero de 2008 señaló que el gobierno de Colombia había establecido que en las zonas de Curavadó y Jimuaguiando, del Chocó, las comunidades desplazadas por los paramilitares a mediados de los años 90 eran dueñas de por lo menos 23.900 hectáreas ocupadas por cultivadores de palma africana.     

Según la embajada, “inquietudes en torno a la seguridad disuaden de regresar a esas tierras a los pobladores” además de que haría falta una serie de obras de infraestructura.     

Colombia registra cerca de 3 millones desplazados por el conflicto armado y se calcula que por lo menos 1,2 millones de hectáreas de tierras han sido arrebatadas en los últimos 15 años.     

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto de 2010, promueve una ley de restitución de tierras con la que pretende devolver dos millones de hectáreas en sus cuatro años de mandato.     

Desde que Santos asumió el poder, nueve líderes de campesinos desplazados han sido asesinados, según cifras oficiales.

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