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Academia de medicina insiste en derogar la emergencia social

La Academia Nacional de Medicina insiste que aunque es un órgano asesor del Gobierno en la redacción de los decretos, mantiene su posición de rechazo.

El presidente de esta entidad, Gustavo Malagón, dijo que un decreto reglamentario no podrá derogar los ya expedidos y estarán vigentes hasta que no haya un instrumento legal de fuerza mayor.
“Mientras tanto, la posición de la Academia Nacional de Medicina se mantiene en los términos ya conocidos; es decir, de rechazo a los decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia social”, explicó.
A su turno, el ex ministro de salud, José Félix Patiño, dijo que no están satisfechos con las decisiones adoptadas por el Gobierno.
Además, se conoció que el presidente de la Comisión Séptima, Rodrigo Lara, convocará a una nueva sesión extraordinaria a Gobierno, legisladores y representantes del sector para el próximo martes.
Por otro lado, el presidente de la Sociedad Científica de Colombia, Javier Pérez, aseguró que están a la espera de una audiencia con el presidente Álvaro Uribe y que cancelaron su participación a la reunión convocada por el ministro de la Protección, Diego Palacio, citada para ayer a las cinco de esta tarde.

PRIMEROS REVERSAZOS
Ante las reiteradas críticas de distintos sectores de la sociedad, el Gobierno comenzó a “bajarle el tono” al alcance de los decretos que expidió hace un par de semanas.
Una de las normas establece que los tratamientos médicos no incorporados en el POS debían ser cofinanciados con el uso de cesantías, entre otras fuentes. Ahora se dice que ello operará sólo en casos excepcionales y sólo para usuarios ricos.
También se habló de “castigos” económicos a los galenos que receten por fuera de los planes obligatorios, ahora se habla de respetar la deci-sión de los equipos médicos.
De la misma manera se planteaba el recorte de servicios ante la unificación de los sistemas contributivo y subsidiado. El lunes se dijo que no habrá recorte.
Las organizaciones sociales y algunos líderes políticos ya preparan demandas de inconstitucionalidad de la emergencia y de los decretos, en momentos en que el Gobierno busca concertar con los representantes del sector de la salud la reglamentación de los mismos.
"No estamos de acuerdo con la emergencia, ni con que la prestación dependa de la capacidad económica", dijo el representante de pacientes afectados con enfermedades de alto costo, Néstor Álvarez.

SANCIONES
El Ministerio de la Protección Social publicó para comentarios el borrador del decreto reglamentario relacionado con las sanciones penales pa-ra los profesionales de la salud, en el que aclara que para que éstas procedan el galeno u odontólogo debe haberse apartado sin justificación de una recomendación incluida en un estándar obligatorio y haber ocasionado daño económico al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
"La inexistencia de uno de los supuestos no dará lugar a la responsabilidad ético disciplinaria ni a la imposición de la multa", dice el proyecto.

ACTUALIZACIÓN
En un decreto puesto a consideración de la ciudadanía, el Gobierno determina que hasta que no se actualice el POS, estará vigente el definido por la Comisión de Regulación en Salud. Dicho borrador de norma establece que la actualización del POS comprende las inclusiones (incorporación o accesos de tecnología de baja, mediana y alta complejidad), supresiones, exclusiones y sustituciones de tecnologías en salud, sobre la base de estudios y evaluación de su efectividad, seguridad, pertinencia, análisis de costo efectividad y con evidencia científica.

DERECHOS DE PACIENTES
El senador Juan Manuel Galán y el representante a la Cámara Simón Gaviria, radicaron en el Congreso un proyecto de ley para fortalecer los derechos de los pacientes y de la misma forma derogar tres de los apartes de los decretos expedidos por el Gobierno en la emergencia social de salud.
Gaviria explicó que con el proyecto le va a salir al paso al decreto 128 referente a las enfermedades catastróficas y al decreto 131 a través del cual se crean los comités técnicos con los que se aplican sanciones a los médicos que no cumplan con lo estipulado en los decretos.
Según Gaviria, el Gobierno malinterpretó lo que significa la emergencia social, al verla como un tema de contabilidad de las EPS y no como una vía para mejorar la atención y los derechos del paciente.
"Consideramos que se tiene que respetar el principio del aseguramiento. Nosotros no podemos esperar a que enfermedades, especialmente las catastróficas como la diálisis, las pague una persona de su bolsillo. Si no terminaremos con el sistema de salud de Estados Unidos, donde las enfermedades catastróficas son la principal causa de quiebra de las personas", agregó.

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Comentarios

con esta emergencia la EPS

con esta emergencia la EPS son las beneficiadas y saludcoop es propiedad de la familia de uribe y el señor ministro de la desproteccion social es accionista de la san juan de Dios, parece que hay interés de estos señores. no votes en las próximas elecciones por uribe ni sus amigos.esta política es igual la de agro ingreso seguro, pura ley del embudo.