El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, decidió suspender, a partir de ayer y por tres meses, al alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por haber incurrido en presuntas irregularidades en la celebración de contratos de obras viales en la capital de la República.
Estas fueron las razones en las que la Procuraduría sustentó el pliego de tres cargos en contra de Samuel Moreno de quien dijo incurrió en la omisión de su función constitucional y legal de cumplir con la construcción de obras a cargo del Distrito.
“Aquí hay altas probabilidades de que el funcionario investigado haya incurrido en faltas disciplinarias”, dijo el jefe del Ministerio Público y señaló que los cargos elevados están relacionados con “faltas graves cometidas a título de dolo por presuntas omisiones del señor Alcalde a su deber de asegurar, en debida forma, la construcción de las obras a cargo del distrito capital”, precisó.
Alcalde se defiende
Mediante acción de tutela, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, intentará frenar la suspensión de tres meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación.
Aseguró que le fue violado el debido proceso y confirmó que recurrirá a la tutela para poder ejercer su derecho a la defensa y aclaró que no piensa renunciar.
En rueda de prensa, Moreno dijo que los cargos que le imputó el procurador Ordóñez no están dentro de las funciones de él, como alcalde, pues no es facultad suya revisar y hacer que se ejecuten los contratos de obras públicas de la ciudad.
“Lo fundamental de todo esto es que aceptamos esta decisión, que vamos a rebatirla y la vamos a controvertir en todos los escenarios y a través de las distintas instancias que nos da la ley. Estamos dispuestos a defendernos, a dar explicaciones cuando las requieran las autoridades”, indicó Moreno.
La acción de tutela no frenaría de manera automática la determinación de Ordóñez, ya que las suspensiones tienen carácter inmediato y no hay forma de aplazarlas.
Caso contrario ocurre con las destituciones, las cuales, a través de acciones como demandas, pueden ser ‘congeladas’ hasta que haya una decisión final por parte de un juez.
Los cargos
En el auto de la Procuraduría se puntualiza además que Moreno Rojas pudo haber incurrido en una presunta omisión en el deber de asegurar las obras en debida forma en lo que hace referencia a la fase III de Transmilenio. De la misma manera, hizo referencia a la falta de estudios además del incumplimiento de la fecha de terminación en los plazos inicialmente previstos para dicho proyecto, a lo que se suman las irregularidades en la suscripción de contratos.
Al explicar su decisión Ordóñez hizo referencia puntual a los atrasos que se han registrado desde mediados de 2009 y manifestó que “solamente hasta enero de 2010 se tomaron decisiones”. A esto Ordóñez agregó que se presentaron recortes en obras y altos costos adiciones en las mismas.
El segundo cargo tiene que ver con la presunta omisión en el deber de asegurar las obras, en debida forma, de los contratos de la malla vial presentando significativos atrasos en dos contratos de 2007 y 2008.
El tercer y último cargo está relacionado con su presunta omisión (de Samuel Moreno) en el deber de asegurar la construcción de obras, en debida forma, en seis contratos de valorización a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), obras que tienen atrasos y irregularidades en los anticipos y en el cumplimiento del proyecto.
Por su parte el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró como alcaldesa encargada de Bogotá, a la ministra de Educación María Fernanda Campo.
El Presidente y el Ministro del Interior y de Justicia acaban de firmar el decreto que la deja al frente del cargo, ante la decisión de la Procuraduría de suspender a Samuel Moreno Rojas por el escándalo de las contrataciones en Bogotá. “Bogotá queda en buenas manos. Esperamos que el Polo envíe su terna y que podamos sacar sa Bogotá de sus dificultades”, dijo el Presidente Santos.
La investigación
La investigación preliminar contra Samuel Moreno Rojas se abrió el pasado 11 de noviembre después de las declaraciones de Miguel Nule, quien aseguró durante una de las indagaciones en el proceso contra el congresista Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde, que se venían presentando “una solicitud de dádivas de funcionarios de la Alcaldía para la entrega de contratos en Bogotá”.
Según el jefe del Ministerio Público en estos seis meses se recolectaron diferentes pruebas en las investigaciones hechas en la Alcaldía Mayor, así como en la Contraloría General, la Contraloría Distrital y el IDU que finalmente permitieron sustentar las denuncias sobre conductas gravísimas por parte del burgomaestre en la realización de contratos.
“Se trata de una falta grave…;, ya estamos en la etapa de juzgamiento, con este auto dimos por terminada la etapa de investigación para pasar a la de juzgamiento, estamos en una de las etapas señaladas por nuestro ordenamiento jurídico”, precisó Ordóñez Maldonado.
El Procurador explicó que con este hecho se cumplen los requisitos sustanciales pues hay suficientes elementos de juicio que permiten concluir que existe la posibilidad de que el alcalde Mayor pueda reiterar la comisión de dichas faltas “y por eso en orden a proteger el internes público y el patrimonio público, y al ser el juez natural del señor alcalde,
La Corte investiga
El pasado 28 de abril, horas después de la captura de Iván Moreno, hermano del alcalde, por el carrusel de las contrataciones, la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía General que determine si hay lugar, o no, a investigar penalmente a Samuel Moreno por dicho escándalo.
Según la Sala Penal de la Corte Suprema en este caso se debe indagar la veracidad de las denuncias de los contratistas, que aseguran que el burgomaestre recibiría una participación del 2 por ciento del valor del contrato de la Fase Tres de Transmilenio.
Dinero que le habría sido entregado por los integrantes del Grupo Nule (Miguel, Manuel y Guido Nule) el cual según los contratistas habría sido superior a los 1.500 millones de pesos.
Para este fin, la Sala compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación que deberá ordenar la práctica de pruebas que considera conveniente, a fin de establecer si hay lugar a investigar al Moreno Rojas.
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