Alegría y dolor por condena a general ( r ) Alfonso Plazas

La condena a 30 años de cárcel al coronel retirado Alfonso Plazas Vega por la desaparición en 1985 de 11 personas en el asalto de la guerrilla del M-19 a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, causó alegría entre los familiares y dolor al presidente Álvaro Uribe. El fallo de la jueza de Bogotá María Stella Jara proferido el miércoles es el primero que se produce casi veinticinco años después de ocurrido ese he-cho en el que murieron 95 personas, entre ellas once magistrados. El presidente Uribe, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y la cúpula militar se solidarizaron con el ahora coronel retirado Plazas quien fue uno de los militares que comandaron el operativo de recuperación del edificio ocupado violentamente por la entonces guerrilla nacionalista del M-19. “Yo tengo dolor por las Fuerzas Armadas de Colombia. Percibo una profunda reacción de desmotivación de las Fuerzas Armadas con esta sentencia”, dijo Uribe ayer al comentar el fallo, que pidió investigar a la cúpula militar de la época y la responsabilidad política del ex presidente Belisario Betancur (1982-86). Uribe, quien se ha caracterizado por una política de mano dura contra las Farc, defendió la actuación del ex mandatario conservador. “Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Se excluye totalmente el delito. Entonces yo también expreso mi dolor frente a ese pedido de investigar al presidente Betancur”, dijo el mandatario. El ministro Silva y la cúpula militar encabezada por el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, dijeron en un comunicado que “ese sentimiento de dolor y de tristeza es compartido en todos los niveles por los soldados de tierra, mar y aire, los policías y sus familias”. Ante las reacciones de Uribe y los mandos castrenses, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, defendió el fallo de la jueza, que será apelado, según anunció el abogado Jaime Granados, quien defiende a Plazas. “¿Qué sería de Colombia si sus ciudadanos no tuvieran jueces independientes?”, preguntó el magistrado al responder a periodistas sobre los cuestio-namientos de Uribe y los militares al fallo, calificado como “histórico” por la prensa. Reacciones Los familiares de las once personas que según la Fiscalía salieron con vida de la sede de la Corte Suprema, pero que después no aparecieron tras la re-cuperación del edificio a sangre y fuego por los militares, celebraron la sentencia, aunque reclamaron saber la suerte de sus seres queridos. “La condena que se produce después de casi un cuarto de siglo es ejemplarizante, pero aún no encontramos respuesta a la pregunta de dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia”, dijo a RCN René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de los desaparecidos. Un informe de una comisión de la verdad reveló en diciembre pasado que los guerrilleros del M-19 fueron financiados para ese asalto por el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, quien pretendía que fuesen quemados los archivos del tribunal. Cerca de un millón y medio de miembros de las reservas de la Fuerza Pública, oficiales, suboficiales, soldados y agentes de Policía manifestaron que la condena contra el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. Los reservistas expresaron que se encuentran indignados y sorprendidos por el fallo que emitió un juzgado especializado de Bogotá. El escrito dice que “un soldado como Alfonso Plazas Vega, inocente, íntegro, cumplidor de su deber, justo y recto no puede ser condenado”. Falta de seguridad El abogado Hugo Quintero, quien representa a la Jueza Tercera Penal Especializada de Bogotá, Stella Jara, insistió en que no se le ha cumplido cabalmente con el refuerzo de la seguridad a su defendida, pese a las graves amenazas de las que ha sido víctima. La jueza contra quien se han hecho persecuciones es una de las personas encargadas del caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia y la que condenó a 30 años de prisión al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. El abogado manifestó que se está pidiendo que se cumpla con las medidas de seguridad especiales ordenadas por otra jueza, en donde deben responder el Consejo Superior, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior. Dijo que aunque la jueza Jara tiene escoltas y un vehículo, el Gobierno debió haberle dado dos. Sin embargo, advirtió que el Director de la Idipron, comandante Jorge Salamanca, “casi por voluntad propia” le asignó un vehículo de uso de la Policía Nacional. El abogado señaló, además, que en la audiencia se solicitó que la seguridad se extendiera a los demás miembros de la familia de la jueza Jara, ya que todos han sido amenazados. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección para la jueza María Jara. Protección a militares El Presidente de la República, Álvaro Uribe, reiteró su “tristeza” por la condena a 30 años de prisión contra el coronel Alfonso Plazas Vega, por el caso de las desapariciones del Palacio de Justicia. “Nosotros vamos a tener que pensar en Colombia un proyecto de ley, una revisión del ordenamiento jurídico, para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia”, dijo Uribe, agregando que una cosa es hacer respetar absolutamente los derechos humanos, y otra, pasar al maltrato de la fuerza pública. “Este caso del Palacio de Justicia ocurrió en 1985. Fue un delito de lesa humanidad cometido por una alianza perversa entre el narcotráfico y una guerrilla. Y finalmente a la cárcel va es el coronel de las Fuerzas Armadas (…;) y me duele que a estas alturas de la vida, en esa sentencia se ordene una investigación al ex presidente Belisario Betancur”, señaló. De otro lado el senador Gustavo Petro, publicó en su espacio en twitter un post en el que pide a los ex militantes del M-19 extremar medidas de seguridad ante la presión de sectores mili-tares. “Estamos ante la presión de los generales de la guerra sucia, aviso a todos los exmilitantes del M-19, extremar medidas de seguridad", escribió.