Cuando se oyen las semillas de cascabel, en un árbol amazónico, por los pasillos de los pisos octavo y noveno del edificio del Ministerio de Justicia, en la Avenida Jiménez con Carrera Octava, pleno centro de Bogotá, todos los funcionarios saben que por ahí anda Indi Iaku Sigindioy Chindoy.
Hace nueve meses la figura de este joven del pueblo Camëntsá (Putumayo), caracterizada por el atuendo tradicional, conformado por el sayo (poncho), los collares, los pantalones cortos y las alpargatas, se ha vuelto familiar entre quienes trabajan en la cúpula de este Ministerio y lucen trajes impecablemente planchados, corbatas de última tendencia y zapatos siempre bien lustrados.
Indi Iaku Sigindioy Chindoy, de 29 años, es asesor de la Ministra de Justicia en asuntos de jurisdicción y ordenamiento indígena. Trabaja en una de las tareas más importantes de ese Despacho: lograr la armonización del ordenamiento jurídico actual con la jurisdicción especial de la legislación indígena, de al menos 84 pueblos aborígenes que se conocen en Colombia.
En otras palabras, este joven oriundo de la vereda San Silvestre, del municipio San Francisco, situado en el territorio ancestral Carlos Tamoabioy, debe, como dicen los técnicos, ‘operacionalizar’ o ‘instrumentalizar’ -mejor dicho, hacer realidad- el Artículo 246 de la Constitución, que establece que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. La última parte de ese artículo señala que “La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. Esa ley aún no existe. Para construir esa ‘bisagra’ que articule los dos sistemas, Sigindioy Chindoy comenzó a hacer un recorrido por los pueblos indígenas.
Empezó por casa, es decir, en el pueblo Camëntsá, y seguirá por el pueblo Inga, en el Valle del Sibundoy; el pueblo Pasto, en Cumbal, Túquerres y Puerres, y más adelante con el Misak y los Nasa en Cauca. De ahí para arriba, hasta donde alcance, porque es consciente de que los gobiernos pasan.
“Como apuesta en el Ministerio, estamos recorriendo el país, visitando los cabildos mayores (donde hay más población indígena). Con algunos ha habido diálogo y se está concertando el proceso. El objetivo es conocer cómo están operando los sistemas de justicia propios”, dice mientras se acomoda la chaquermëshá (collar de chaquiras de varias vueltas de colores amarillo, verde y blanco) y su collar de semillas de árbol cascabel.
Para Sigindioy Chindoy, que estudió Ciencia Política y Gobierno y está terminando una especialización en Derecho Público, si bien el Artículo 246 de la Constitución da autonomía a los jueces naturales para que administren justicia dentro de sus resguardos, bajo sus costumbres y tradiciones, “también está sujeto a que la coordinación en ciertos elementos sea armónica con instrumentos como los derechos humanos. No se puede administrar justicia propia sin considerar el respeto de los derechos humanos, más allá de los usos, costumbres, o la autonomía que los pueblos indígenas tengan”.
UN ALGUACIL MAYOR
Hablar de justicia no es extraño para él. Este año su comunidad lo eligió Alguacil Mayor (o Mayor Guatecmá, en lengua materna) dentro de la administración de justicia de su pueblo, algo así como el bastón de la autoridad indígena que asesora cómo administrar justicia. Ahora es quien ejecuta las penas: el gobernador decide cuántos azotes o rejos darle a una persona por un delito y Sigindioy Chindoy establece cómo la tienen que castigar.
“Es posible que en mis vacaciones, cuando esté allá, como hay tantas demandas pendientes, tenga que castigar a las personas”, dice, y confiesa que en el pueblo Camëntsá también hay congestión judicial. “Hay cuatro cabildos y el mayor está recibiendo al año de 300 a 400 demandas, entre las que hay delitos graves. Allá existen actas, no expedientes, para hacer el seguimiento, pero ellos también se sienten congestionados, porque deben responder por eso, además de sus otras obligaciones como autoridades tradicionales”.
Aclara que la administración de justicia en el interior de su comunidad se enriquece de una cosmovisión en la que la justicia no es solamente juzgar y sancionar, sino armonizar a la persona. Es un equilibrio que se puede encontrar internamente, para que quien ha cometido un delito sea no solo castigado, sino que reciba el consejo de la autoridad tradicional.
“Es otra forma de pensar. No es que el delincuente esté detrás de unas rejas donde tenga que pagar su pena, sino que se lo puede trasladar a un área de resguardo donde tenga que cumplir un trabajo comunitario u oficios dentro de un cabildo. Ahí hay elementos de justicia restaurativa: ‘Usted hizo el daño, pero lo va a pagar’. En el sistema occidental no sería posible”, asegura.
Sí. ¿Pero el castigo para delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión o violaciones? Sigindioy Chindoy dice que la comunidad con la que comenzó a hacer los conversatorios dejó claro que hoy los pueblos indígenas se están viendo abocados a que sus gentes tengan que desplazarse a otras zonas y reciban otra formación, “como una aculturación”. Algunos regresan con otras formas de vida y costumbres, y han formado delincuencia.
Ese tema hace brillar sus ojos. Aparta un mechón de cabello liso y negro que cae rebelde sobre su rostro, y continúa: “La comunidad no desconoce que entre los suyos pueda existir violadores, extorsionadores y todo esto. Para ellos son claras las reglas de juego. Por el hecho de que no exista una ley que reglamente el Artículo 246, no se deben vulnerar procesos frente a este tipo de delitos”.
Según él, ya hay protocolos que, a través de las Casas de Justicia del Ministerio, permiten coordinar con las autoridades indígenas cuándo este tipo de delitos que no están dentro de su cosmovisión o sus costumbres se puedan orientar hacia la justicia ordinaria, sin irrespetar la autonomía que tienen las autoridades indígenas.
“Tanto así que hay cabildos, como en el pueblo en que hicimos el primer conversatorio, que nos dieron a cuenta procesos de personas que están cumpliendo una pena acorde con el sistema ordinario, para cumplir su sentencia en una cárcel del Inpec”, asegura.
LOS CONVERSATORIOS
Del recorrido que comenzó el asesor indígena de la ministra de Justicia, y que se realiza a través de conversatorios, derivará el conocimiento de las 84 visiones aborígenes que hay en el país para administrar justicia; como resultado se espera la instrumentalización de una ley. “Implica que se debe conocer a quién se le va a hacer esa norma. Lo fundamental del reconocimiento a la diversidad étnica es que la ley garantice esa diversidad”.
De acuerdo con Sigindioy Chindoy, el Ministerio ya viene desarrollando un borrador de proyecto de ley que será presentado a la Mesa Nacional de Concertación con los Pueblos Indígenas, para su debida consulta previa. “Pero de fondo también el Ministerio tiene que conocer a quién se va a orientar esa ley. Por eso son importantes los conversatorios para que de base se haga una debida socialización de la intención del diseño de la política de promoción de la justicia indígena en el país”, sostiene.
Advierte que cada pueblo indígena tiene una forma de pensar, de administrar justicia diferente y otros instrumentos que todavía no son visibles al país. “La sociedad desconoce muchas de las herramientas que son propias en la resolución de conflictos, y que, a la luz del sistema ordinario, se pueden juzgar negativamente”.
“Si como institución debemos diseñar una política acorde con los principios que la Constitución invoca en relación con la interculturalidad y el respeto a la diversidad, obliga a que conozcamos esos sistemas, hacerlos visibles, lo que también implica la responsabilidad de hacerlos respetar a nivel local y que la Nación se multiculturalice. Más allá de juzgar entre si un sistema u otro opera mejor, es conocer de fondo cuál es el pensamiento de estos pueblos indígenas”, agrega.
En esos conversatorios se aborda el concepto propio que tienen los pueblos indígenas de administrar justicia, se conocen los instrumentos actuales de la normatividad en torno a la jurisdicción especial indígena y los principios, derechos constitucionales y los decretos en los que reconocen la jurisdicción especial indígena. “Todo eso hace que ellos se actualicen, pero no buscan aprender, sino reconocerse más”.
Con esos insumos, el asesor de la Ministra espera aportar en la coordinación de los sistemas judiciales ordinario (nacional) y el de los pueblos aborígenes. En ese sentido, desea que el regalo que le dieron los médicos ancestrales cuando se enteraron de que iba a ocupar ese cargo en Bogotá cumpla su misión: el collar de semillas de árbol amazónico de cascabel, que suena cuando él camina y que es para que lleve armonía por donde vaya.
