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Alto índice de impunidad en violencia sexual

Un estudio sobre los casos de violencia sexual cometidos en desarrollo del conflicto armado interno revelado por la Procuraduría General de la Nación, advierte que los más vulnerables siguen siendo las mujeres, los menores de 18 años, los miembros de comunidades indígenas y afrocolombianos, las defensoras de derechos humanos y la población Lgbti.

Según el documento, es el Estado quien debe generar la capacidad de dar cuenta del número de victimas por año, sus características, tipo de delito, fecha y lugar de ocurrencia, la atención que reciban en salud y demás programas de asistencia, y definir las acciones de investigación, juzgamiento, sanción y reparación que se requieran.

Dicho estudio indica que las cifras del Estado no establecen el universo de víctimas lo que, según el órgano de control, no permite hacer un seguimiento víctima por víctima.

En ese sentido, la Procuraduría advierte que espera que el Registro Único de Víctimas, cuya implementación se encuentra actualmente a cargo de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, se lleve a cabo con la mayor agilidad posible.

Por ello, el Ministerio Público pide la colaboración del Ministerio de Justicia para que en el menor tiempo posible se dé cuenta de las cifras precisas que permitan la formulación de políticas públicas, planes y programas en materia de prevención y atención para las víctimas de violencia sexual.

Por otra parte, el Ministerio Público destaca el esfuerzo de las diferentes entidades en materia de capacitación en derechos humanos, derechos de la mujer y equidad de género, sin embargo advierte que es necesario fortalecer las temáticas de violencia basada en género y sus características; las consecuencias y necesidades de atención.

“Se sugiere a las entidades la implementación de procesos sistemáticos de capacitación y de mecanismos de medición del impacto que estos puedan tener en el personal que se beneficia de dicha capacitación. La violencia contra la mujer tiene un sustento muy fuerte en arraigados patrones culturales de machismo y discriminación contra la mujer”, indica el balance.

DIFICULTADES DETECTADAS

El estudio arrojó varias problemáticas en torno al tema de la protección de las víctimas de violencia sexual.

Según el Ministerio Público,los abogados privados aprovechan la situación de vulnerabilidad de estas personas haciéndolas firmar poderes para gestionar los montos de reparación a que tengan derecho, prometiendo incluso gestión ante tribunales internacionales, con exigencia de porcentajes que ascienden a un 40% e imposibilidad de revocar el poder, ya que por eso podrían ser embargados.

Asimismo el órgano de control detectó la falta de información entre las entidades con funciones de atención y orientación en el nivel territorial, y entre el nivel nacional y el territorial, la cual somete a las víctimas a ir de una entidad a otra, sin que estas logren obtener una respuesta satisfactoria frente a las denuncias interpuestas.

Entre los pormenores a los que se deben enfrentar las víctimas de agresión sexual es la negación a la atención de salud “por no estar afiliados”. Igualmente se les niega la prestación del servicio de atención en salud mental.

“Las víctimas que tienen mejores resultados en su gestión son aquellas que están asociadas con otras víctimas o apoyadas por una organización social, lo cual demuestra el riesgo de fracaso en la gestión de víctimas individuales por no conocer adecuadamente sus derechos y verse enfrentadas a desinformación y confusión causada por algunas entidades” indica el documento.

Entre tanto la Procuraduría revela que, según, todos los informes internacionales de derechos humanos así como los elaborados por las organizaciones sociales y el diálogo con las víctimas, existe un alto índice de impunidad en lo que se refiere a la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado interno.

“No existe un sistema de información capaz de indicar los tiempos que transcurren desde la ocurrencia del hecho hasta que se produce un fallo, ni un seguimiento a las decisiones. Sólo en los casos derivados del Auto 092 de 2008 existe más información, pero incluso allí el número de fallos satisfactorio para las víctimas es mínimo”, agrega el documento.

Al respecto, el órgano de control asegura que la Ley 1448, y el inicio de su proceso de implementación ha permitido avanzar en la materia y visibilizar aún más esta conducta.

En otro aspecto, la Procuraduría encontró un claro marco legal que regula los derechos de las víctimas a la atención en salud física y mental. Sin embargo “en reunión con organizaciones sociales, funcionarios y víctimas se encontraron varias falencias en la implementación de dichas normas”.

Entre las falencias están, por ejemplo, que no existe claridad en las instituciones orientadoras, ni en los prestadores del servicio sobre la obligación de la atención de la VS como urgencia, sin importar si la persona está o no afiliada.

Igualmente, agrega el balance, que la atención en salud mental es escasa y en algunos casos, inexistente; por lo cual no se puede concluir que haya una real rehabilitación física y mental de las víctimas y sus familias.

Por lo anterior, la Procuraduría le solicita al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, ejercer mayores controles para verificar que los operadores de salud efectivamente estén cumpliendo con garantizar los derechos.

En ese mismo sentido, le solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Salud elaborar a la mayor brevedad los protocolos de atención psicosocial respectivos.

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