Andrés Felipe Arias no atendió las advertencias sobre irregularidades de AIS

En un fallo de 995 páginas, la Procuraduría General señaló y consideró las inconsistencia e irregularidades en las que incurrió el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva dentro de todo el proceso de realización, ejecución y control del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS).  Según la decisión la Procuraduría el exministro incumplió sus funciones como servidor público puesto que  no lideró la realización de los estudios previos que se exigen para revisar la entrega de los subsidios del programa firmado en 2007.  
En el fallo sancionatorio se manifiesta que Arias Leyva intervino en la celebración de convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con la ausencia de estudios previos, incumpliendo los requisitos legales que se exigen para la contratación pública como lo fue en este caso. Sin embargo, y como lo manifiesta el Ministerio Público, “en la contratación pública los principales esfuerzos deben estar dirigidos hacia los estudios previos, pues es a partir allí que se establecen el objeto y las obligaciones contractuales entre las partes, de allí su importancia, razón por la cual las entidades públicas están en la obligación de apoyar con empeño esta gestión”.
Antes de la ejecución del programa se manifiesta que dichos estudios previos no se hicieron “ni un diagnóstico donde el Ministerio (de Agricultura) haya identificado cuáles son sus problemas y/o las necesidades que deben atender” para que se hicieran  En su decisión el procurador general, Alejandro Ordóñez califica como “absurdo, ilógico e irracional” que el contratista o cooperante para los subsidios como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) haya sido el ente que presentara algunos estudios con los que buscaba beneficiarse para la obtención de subsidios.
Sobre este hecho no existe ninguna justificación para que se hayan adelantado así el proceso con ese proceso y que en los contratos celebrados con el Instituto no se hayan argumentado ni demostrado el porqué se hablaba de una colaboración científica y tecnología que nunca se cumplió. “No obra ningún estudio que especifique cuales son las actividades tecnológicas y científicas que desarrollaría el IICA, en qué consiste el aporte en especie del IICA y cuáles los resultados esperados, entre otros aspectos importantes que se debieron enfatizar”, se precisa.  
Cuestiona además el hecho de que no se celebró una licitación pública en la cual varios oferentes presentaran sus propuestas, sino que se contrato de manera directa violando, primero que todo, el principio de transparencia en la contratación y segundo que no se revisaron otras para lograr este propósito y “mejorar la competitividad del sector agropecuario nacional”. “Según los puntos de vista técnico, jurídico y económico que brillan por su ausencia, demostrando un notorio y precario análisis concienzudo en la definición y delimitación de la necesidad y conveniencia de la administración al momento de contratar”, se manifiesta en uno de los puntos más llamativos de la decisión.  Ante estas acciones el jefe del Ministerio Pública señala que queda “estupefacto, desconcertado y hasta horrorizado de la forma tan irresponsable, precaria, frágil, fútil, por no citar más calificativos, como la administración pública representada en este caso por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección”.
ANDRÉS FELIPE ARIAS ESTABA ADVERTIDO DE LOS MONTOS ILEGALES
La Procuraduría manifiesta que en 2007 la firma Econometría habría advertido que se presentaban graves fallas en la entrega de subsidio pues se estaban superando los topes definidos por el mismo programa, sin embargo “se hizo caso omiso” por parte de los funcionarios encargados encabezados por Andrés Felipe Arias.  En lo que se considera una “burla clara” a la planeación de las decisiones públicas que buscaban un beneficio para el mayor grupo de personas se convirtió la entrega de subsidios de AIS pues pese a que se conocía el hecho de que grandes hacenderos estaban dividiendo sus territorios para conseguir más beneficios económicos no se hizo nada para investigar.  “Se presentaran proyectos, valiéndose de contratos de arrendamiento, dividiéndose de acuerdo al número de contratos de arrendamiento utilizados, para acceder a cuatro, cinco o más subsidios, burlando el monto máximo a otorgar que correspondía a 600 millones de pesos”, se precisa en el fallo.  El exministro de Agricultura debería estar pendiente de que se cumpliera los principales objetivos del programa, asó como revisar la forma en cómo se estaba ejecutando y seguir la entrega de los recursos con lo cual se buscaba “asegurar la escogencia de los mejores proyectos”, lo cual no se cumplió puesto que se buscaba ayudar principalmente a pequeños y medianos agricultores y en realidad grandes montos de dinero terminaron en manos de familias adineradas.