Igualmente dice que denunciará al actual ministro de la misma cartera, Mauricio Santamaría; el procurador General, Alejandro Ordóñez, y a la contralora General de la República, Sandra Morelli.
El recurso judicial es para que se investigue por qué no se le ha puesto freno al régimen de contrataciones por prestación de servicios, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en el 2009.
Según Camacho, estas instituciones han hecho caso omiso al llamado que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009, en la que se prohibió la contratación por prestación de servicios, una situación que sigue ocurriendo incluso al interior de instituciones como el Ministerio de Protección Social.
Camacho afirmó que acorde con las denuncias de la Contralora, el 60 por ciento de las actividades que se realizan en el Ministerio de Protección Social están a cargo de personas contratadas con prestación de servicios.
La denuncia fue hecha en la audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, donde se discute el proyecto de reforma a la salud.
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