La juez quinta con función de control de garantías aplazó la audiencia en la que la Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir a Daniel Ángel Rueda y a Margarita Pabón, miembros de la cúpula de DMG. El martes se conocerá si la juez acepta la imputación y les impone medida de aseguramiento.
Sergio Reyes, representante del Ministerio Público, manifestó su rechazo a la imputación del cargo de concierto para delinquir a Margarita Pabón y Daniel Ángel, miembros de la cúpula de DMG. Para el procurador, la Fiscalía no fue clara al exponer los hechos por el cual habrían incurrido en ese delito. Para el procurador, la Fiscalía imputó este cargo teniendo en cuenta hechos por los que Pabón y Ángel ya fueron juzgados con anterioridad.
En el mismo sentido se pronunció Daniel Peñarredonda, abogando defensor de Ángel, quien manifestó que "resulta temeraria" la pretensión de la Fiscalía de imputar este cargo por hechos que para él ya fueron juzgados.
Por ello, indicó que el deber del ente acusador es "solicitar la preclusión de la investigación", debido a que las circunstancias impiden seguir con la misma.
Peñarredonda se mostró extrañado que cuando Ángel y Pabon fueron condenados por el delito de lavado de activos, la Fiscalía no hubiera imputado el de concierto para delinquir. El abogado añadió que están siendo juzgados dos veces por los mismos hechos y ya pagaron tiempo de detención en centro carcelario.
IMPUTACIÓN DE CARGOS
Un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado Daniel Ángel Rueda y a Margarita Pabón, quienes formaron parte de la cúpula de DMG.
Si son hallados culpables, podrían pagar una pena entre los 8 y 18 años de prisión.
Ángel Rueda estaba en libertad desde el 2011, luego de que cumpliera dos años de cárcel, tras obtener una rebaja en la pena por barrer los pasillos del pabellón de alta seguridad de La Picota.
Por su parte, Margarita Pabón se encuentra en el patio siete de la cárcel El Buen Pastor, luego de que volviera de Estados Unidos, a donde fue extraditada.
La Fiscalía, respecto a Ángel Rueda, quien fue gerente de DMG, determinó que era la persona que relacionó a notables personalidades y asesores del país con Murcia Guzmán.
“Viajaba continuamente a Panamá y otros países con miras a tratar asuntos atinentes a la administración y movimientos operacionales del grupo DMG en Colombia y en el exterior de los bienes adquiridos con el dinero de origen ilícito para coordinar su ocultamiento, adquisición y administración”, señaló el ente investigador.
Ángel Rueda colocó bienes a su nombre que fueron adquiridos con dinero del grupo DMG y coordinó la consignación de grandes sumas de dinero en moneda extranjera.
En el caso de Margarita Pabón, la Fiscalía estableció que esta abogada era la encargada de contactar a personas naturales jurídicas con el grupo empresarial.
La participación de Pabón en DMG permitió que asesores externos, contables y tributarios fueran vinculados a la comercializadora con el objetivo de ocultar bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional y en el exterior; dar apariencia de legalidad a todo producto de captación de dinero y facilitó el enriquecimiento ilícito de particulares a través de la creación de un sinnúmero de empresas.
Según el ente acusador, intentó ocultar cinco millones de dólares a favor de la pirámide.
VÍCTIMAS DIJERON QUE NO HAN SIDO REPARADAS
Fernando Ruiz, apoderado de una de las víctimas, dijo que la única persona que se ha beneficiado es María Mercedes Perry, encargada por el Gobierno para adelantar la liquidación de la captadora ilegal.
Según el abogado, durante el proceso penal las víctimas no han sido reparadas, aunque advirtió que en esta segunda fase van detrás de unos bienes, de quienes se conocen sus dueños aunque dijo que no podía revelarlos.
Ruiz manifestó que con estos se espera que puedan recibir unos 200 mil millones de pesos.
Además, añadió que todavía hay bienes en paraísos fiscales que podrían estar entre los dos y tres billones de pesos.
