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Aprobada detención de María del Pilar Hurtado

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El magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, pero negó la que se había pedido contra el exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, en el proceso que se les adelanta por las llamadas ‘chuzadas’.

Según la decisión del magistrado, durante su exposición el abogado de la exdirectora del DAS no pudo destruir las pruebas presentadas por la fiscal general Viviane Morales acerca de la responsabilidad de su cliente en la participación y órdenes dadas para realizar seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y congresistas de la oposición.

Aseguró que por esto “la medida de aseguramiento resulta necesaria ante su ausencia, al haberse acogido al asilo en un país extranjero, que a la vez demuestra su facilidad para abandonar el país" y resaltó que el hecho de que se le “haya concedido un asilo, que es una figura del derecho internacional que será respetada, pero sí nos compete pronunciarnos dentro del derecho interno, en un proceso que se adelanta en este momento”.

En la misma decisión, el magistrado se negó a emitir medida de aseguramiento en contra del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, argumentando que “el sistema penal colombiano perfectamente le garantiza la vigencia de presunción de inocencia y el principio de libertad frente a la acción judicial penal que se adelanta en su contra, por lo tanto no se le impone la medida de aseguramiento solicitada”.

Ramírez resaltó que el abogado de Moreno, Jaime Granados, hizo “un detallado recuento de las condiciones personales, sociales y profesionales del imputado, plenamente válidas (…) y no se puede afirmar que tenga antecedentes penales o una conducta social que haga necesario preventivamente proteger la sociedad”.

Las razones del aseguramiento contra Hurtado

La exdirectora del DAS fue asegurada por los delitos de concierto para delinquir agravado y falsedad en documento privado, pues, según la Fiscalía, desde septiembre de 2007 María del Pilar Hurtado organizó acciones con el fin de cometer delitos en contra de magistrados, periodistas y congresistas de oposición y, sobre el segundo cargo, Hurtado “extendió documentos” que tenían información falsa.

“No convence la argumentación presentada por la defensa al señalar que ella no conocía de las actividades que estaba realizando el DAS. No destruye la posibilidad de que esas conductas se siguieron realizando bajo su conocimiento y dominio, así como bajo sus órdenes y control”, precisó el magistrado.

Añadió que es posible que los seguimientos hubieran iniciado antes, pero dijo que “cuando se le informó (a Hurtado) en el club Metropolitan de Bogotá acerca de los seguimientos en contra de periodistas, magistrados y excongresistas ella tenía que saber que estas solicitudes eran ilegales y que de su decisión se podrán haber seguido o cancelado dichas actividades”.

A la audiencia no asistió la exdirectora del DAS, quien se encuentra en Panamá gozando de un asilo territorial entregado por el presidente de ese país, Ricardo Martinelli, medida ésta que fue defendida por su abogado argumentando que “es una decisión legitima de cada Estado y la Fiscalía no puede hacer que se levante. Esto solamente lo puede hacer cada país”.

Sin embargo, el magistrado consideró que pese al asilo territorial otorgado a la exdirectora del DAS, “se solicita la medida de aseguramiento intramural en contra de María del Pilar Hurtado”.

Las razones del abogado defensor

Durante su exposición el abogado Jaime Camacho Flórez, defensor de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, aseguró que cuando su cliente llegó a la dirección del organismo de inteligencia ya se estaban realizando ciertas labores de seguimiento de manera legal en contra de personas que eran consideradas como un peligro para la sociedad.

Según la argumentación del abogado "las labores de inteligencia a Piedad Córdoba venían de antes y a ella le correspondía asumirlas", dijo el abogado, quien expuso las razones por las cuales, según él, María del Pilar Hurtado nunca actuó fuera de la ley.

Según Camacho, de acuerdo a la información recolectada en el proceso se sabía que en 2007 existía “un dato de suma importancia” que indicaba que una “organización criminal estaba infiltrando” a la Corte Suprema de Justicia, por lo que el exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno le comunicó a la dirección del DAS dichas miedos.

“Ese dato era digno de investigar” precisó el jurista, quien expuso la necesidad de emprender una labor de inteligencia “frente a dichas informaciones que ponían en peligro al Alto Tribunal”.

Precisó que las actividades en contra de la entonces senadora Piedad Córdoba y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “son las actividades más legitimas que se han hecho en la historia de este organismo” apoyándose en las denuncias que se habían registrado con sus presuntos nexos con grupos armados ilegales.

Camacho también dijo, refiriéndose al desayuno al que la Fiscalía hizo referencia durante la imputación y en el que supuestamente se hizo un acuerdo delictivo, que en ese no se habló del periodista Daniel Coronell, ni del excongresista Gustavo Petro.

El jurista intentó desvirtuar uno a uno los argumentos de la Fiscalía, como por ejemplo la reunión en la Casa de Nariño. "Nadie ha dicho que allí se haya impartido alguna instrucción o realizado acuerdos (...) Todos como un clamor declararon haber actuado convencidos de la legalidad de sus actuaciones", señaló.

Por su parte el jurista Jaime Granados, defensor de Bernardo Moreno, precisó que su defendido nunca fue jefe de la exdirectora del DAS, por lo que no pudo darle órdenes de manera directa. Señaló además que el exfuncionario siempre ha asistido a las diligencias judiciales a las que ha sido llamado.

"Falla la Fiscalía en no haber indicado el peligro para la comunidad de Bernardo Moreno", aseguró, al mencionar que desde hace nueve meses su apoderado dejó el cargo de secretario general y que los elementos probatorios se han descubierto durante 2010, cuando él ya no tenía injerencia ni representaba un obstáculo para el descubrimiento de las mismas.

Granados, basándose en jurisprudencia nacional e internacional, dijo que se debe anteponer para tomar una decisión sobre su privación de la libertad "la tutela que tiene sobre sus hijos y su presunción de inocencia versus el abstracto peligro para la sociedad".

Dijo que en nada se beneficia la justicia si se le recluye en un centro carcelario, o incluso, en su propio domicilio.

Procuraduría apoyó ambas peticiones de aseguramiento

A primera hora de esta audiencia la Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de presidencia de la República Bernardo Moreno.

El procurador primero para el juzgamiento penal, Jorge González, le solicitó al magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, que avalara la medida de aseguramiento contra los dos exfuncionarios al considerar que sus actividades “recubren de una gravedad” y que la petición de la Fiscalía cumplía con los requisitos normativos. 

Señaló además que “la Procuraduría encuentra los elementos que en justicia deberían llevar a detención preventiva a los imputados”.

En este proceso a María del Pilar Hurtado se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

En el caso del exsecretario general de Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, el ente acusador le imputó tres delitos: concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Moreno no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.

Los dos exfuncionarios son investigados por su presunta responsabilidad en dar órdenes para que se hicieran seguimientos e interceptaciones ilegales perpetuadas desde el DAS contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición.

 

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