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Aseguradas 6 personas por falsos desplazamientos

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El juez 38 penal de Bogotá ordenó la medida de aseguramiento contra seis personas, entre abogados y funcionarios públicos por presuntamente incluir de falsas víctimas en los desplazamientos ocurridos en la hacienda Las Pavas, al sur de Bolívar.

Durante la audiencia de imputación de cargos efectuada en el complejo judicial de Paloquemao, la fiscal del caso les imputó cargos por concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho, y falsedad en documento público.

Las personas cobijadas por esta medida son: Diego Armando Rodríguez, funcionario de Acción Social, Lida Esperanza Martín y José Adenis Vega, quienes actuaban como abogados, Nubia Narvaez, Hoover Sánchez y José Humberto Gómez.

Durante la diligencia judicial el fiscal delegado dio a conocer interceptaciones telefónicas y documentos que comprobarían la responsabilidad de los asegurados.

Según se dijo esas personas se habrían apropiado aproximadamente de 8 mil millones de pesos, desde 2005. De la misma manera, señaló que se cobraban 40 mil pesos a cada persona que quisiera ser incluida en las listas de desplazados.

La fiscalía también afirmó que existían dos cooperativas, una en Bogotá y otra en Villavicencio (Meta), donde se reclutaba a las personas y las instruían para su inclusión en las listas que conocía Acción Social.

Ninguno de los imputados aceptó los cargos. Al finalizar la audiencia el juez  decidió remitirlos acusados a las cárceles La Picota y Buen Pastor de Bogotá.

La Fiscal está en Las Pavas

La Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, acompañada por una comisión de la entidad, en la que participa la jefe de la Unidad Contra el Desplazamiento Forzado, Marcela Márquez, se encuentra desde este 8 de diciembre en la hacienda Las Pavas, al sur de Bolívar, en una reunión con los campesinos para establecer si existió desplazamiento forzado en esa región.

Allí, la Fiscal dialoga con campesinos de la zona, para establecer si hubo desplazamientos anteriores a 2006, antes de que el predio fuera adquirido por el grupo Dávila Abondano.

Esta decisión se toma luego de que la fiscal de Cartagena, Myriam Martínez, asegurara que en 2009 no hubo ningún tipo de desplazamiento forzado en esa zona, lo que permitiría establecer que las 123 familias que reclamaban la restitución de tierras serían falsas víctimas.

Ante estas aseveraciones, las organizaciones sociales y los sacerdotes jesuitas que acompañaron a los campesinos en las acciones legales de restitución sentaron su voz de protesta logrando que se abriera una nueva investigación.

Según esas organizaciones, el destierro se produjo antes de que el grupo Dávila Abondano, comprara los terrenos y empezara la producción de palma de aceite.

A través de esta visita la Fiscal también desea establecer el papel que desempeñaron funcionarios públicos de la zona, militares y grupos ilegales, en el desplazamiento masivo que durante varios años han reclamado los campesinos de la región.

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