“Llegó el momento de las víctimas en Colombia. Este gobierno reafirma su compromiso con las víctimas y sus derechos y advierte a los delincuentes que casos como el de Ana Fabricia Córdoba no quedarán en la impunidad”, señaló Angelino Garzón en un comunicado de prensa.
Córdoba, de 51 años, fue baleada cuando viajaba en un bús en Medellín, donde residía. Al respecto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, advirtió en otro comunicado que la muerte de Córdoba “pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los programas de protección de los líderes amenazados”.
Según información de la Defensoría del Pueblo, la líder le manifestó a funcionarios de esta institución que venía recibiendo desde hace cuatro meses amenazas contra su vida e integridad física, lo que hacía temer por su situación de seguridad.
Ante este hecho el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, señaló que a la mujer no se le había podido dar protección ya que no contestaba las llamadas de las autoridades. “Había habido dificultades para hacer su estudio de seguridad. Llamadas reiteradas para proveerle su servicio de seguridad no habían sido respondidas por ella. Yo hago un llamado a quienes están en situación de riesgo que no subestimen las amenazas, los riesgos y que confíen en la autoridad y colaboren para hacer estos estudios de seguridad”, indicó.
El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, le pidió a los líderes campesinos, sociales y demás que estén amenazados que acepten las medidas de seguridad que el Estado les ofrece. La víctima era familiar de la excongresista, Piedad Córdoba.