Asesinato de tres líderes campesinos reaviva conflicto por tierras

El asesinato este miércoles de tres líderes campesinos que reclamaban tierras robadas por los paramilitares llevó la cifra de asesinados desde agosto a 9, y subraya los obstáculos del ambicioso plan de restitución de predios del gobierno de Juan Manuel Santos. 
“No vamos a permitir que los violentos vayan a detener una política que para nosotros es fundamental”, advirtió Santos este viernes, afirmando que su propósito de devolver a los campesinos 2 millones de hectáreas de tierra en los cuatro años de su gobierno es “un acto de justicia”. 
David Góez Rodríguez, de 70 años, líder de la región de Las Tulapas, departamento de Antioquia, fue asesinado este miércoles en Medellín por desconocidos que le propinaron cinco disparos, dijo el gobierno. 
Mientras, Ever Verbel Rocha fue asesinado el mismo día cerca de su finca de San Onofre (Sucre), seis años después del homicidio de su hermano Guillermo. 
La tercera víctima, Bernardo Ríos Londoño, fue asesinado en una vía cercana a San José de Apartadó (Antioquia). 
Según el ministerio de Agricultura, con estos homicidios suman nueve los asesinatos de líderes campesinos desde que asumió Santos en agosto de 2010. La ONG Forjando Futuro de Medellín, que defiende a víctimas de despojo de tierras, considera que desde 2002 se cometieron unos 50 asesinatos. 
El aumento de los asesinatos ocurre tras el lanzamiento de un ambicioso plan de restitución de tierras por el gobierno, que pretende entregar 2 millones de hectáreas a campesinos despojados de sus predios por grupos armados ilegales (paramilitares de extrema derecha y guerrilla), una de las principales causas de desplazamiento y pobreza en Colombia. 
El representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH, Christian Salazar, “condenó fuertemente” los asesinatos y pidió este viernes al gobierno una “revisión profunda de los programas y políticas de protección”. 
Frente a estos casos el vicepresidente colombiano Angelino Garzón y el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo expresaron el jueves “la preocupación por la seguridad” de las víctimas. 
Esta violencia se da en un contexto de reforzamiento, según las autoridades, de bandas criminales (BACRIM) --en parte integradas por antiguos paramilitares-- que operan en al menos la mitad de los departamentos del país, en asuntos como el tráfico de cocaína pero también en empresas legales, explotando tierras de las cuales fueron despojados los campesinos. 
David Góez, una de víctimas, representaba a 120 familias despojadas de unas 20.000 hectáreas, según un abogado cercano a él, Gerardo Vega. 
Según Vega, había identificado en declaraciones ante la Fiscalía al testaferro de algunas tierras arrebatadas por los asesinados hermanos Castaño, fundadores en 1997 de la milicia de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disuelta entre 2003 y 2006 y acusada de miles de asesinatos y despojos de tierra. 
Ante amenazas “cambió sus declaraciones”. “Al testaferro, que había sido detenido, lo soltaron” y “después mataron a David Góez, para cerrar la historia”, declaró el abogado a la AFP. 
“Ha habido más asesinatos porque están devolviendo las tierras y están aferrados, para que la gente desista de sus reclamos”, dijo a la AFP Carmen Palencia, de la ONG Tierra y vida, que se desplaza con tres escoltas en un vehículo blindado. 
“No basta un carro blindado. Tiene que haber una política de seguridad integral. Se mueven poderes muy fuertes en el país representados por empresarios y grupos armados ilegales”, denuncia también Nora Saldarriaga, directora de la ONG Forjando Futuro, de Medellín. 
“Las alianzas entre algunos empresarios y bandas criminales nunca se acabaron”, agregó, pidiendo que se publiquen los “nombres de testaferros”. 
A mediados de marzo un centro de inteligencia asociado a la restitución de tierras fue creado por el gobierno con ese propósito, pero no ha logrado impedir estos últimos asesinatos.