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Así es la Ley 1424 de los desmovilizados

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Una confusión en la opinión pública causó la discusión entre el ministro del Interior y de Justicia, Germán vargas Lleras y el vicepresidente Angelino Garzón, con la realidad de la Ley 1424, más conocida como la Ley de los Desmovilizados, que les otorga beneficios a aquellos que se han retirado de las filas de grupos armados y que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Esta Ley fue expedida el 29 de diciembre de 2010 y según lo dicta el documento, su objetivo es el de “contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

Además aclara que serán beneficiados únicamente quienes incurrieron en delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal. Es decir que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad no serán cobijados por la norma.

Según la ley, el Gobierno Nacional deberá promover Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación con aquellas personas aptas parta obtener el beneficio. “El Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación es un instrumento de transición para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación como complemento a los instrumentos”, dice la norma.

Este Acuerdo será suscrito por el Presidente de la República o un delegado y por el desmovilizado, quien debe estar comprometido con la reintegración a la sociedad y contribución a la justicia. “Esta manifestación deberá hacerse durante el año siguiente a la expedición de esta ley, la cual fue sancionada el 29 de diciembre de 2010”, aclara la ley.

Si el desmovilizado cumple estos requisitos, la justicia debe suspender la orden de captura “por un periodo equivalente a la mitad de la condena establecida en la sentencia, a fin de lograr su libertad”.

Requisitos para suspensión de la pena:

  • El desmovilizado debe informar todo cambio de residencia.
  • Debe comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
  • No puede salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.
  • Debe demostrar su buena conducta.

La ley también ordena la creación de un mecanismo no judicial que recolectará y sistematizará la información que se obtenga del Acuerdo, que no podrá ser utilizada como prueba en el proceso judicial en contra de quien suscribe el Acuerdo o en contra de terceros.

Además el documento aclara que “sin perjuicio de los beneficios que se otorguen en el marco de esta Ley, los desmovilizados serán investigados y /o juzgados según las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible”, es decir que de producirse sentencias condenatorias, los desmovilizados que se acojan al beneficio no pierden su libertad, no obstante deberán ser asumidas las consecuencias de otro orden que implique la condena, como por ejemplo la inhabilidad para poder postularse a cargos de elección popular, entre otros.

El reto

De la Ley 1424 surgen algunos interrogantes, ¿Cómo se va a garantizar que no hayan farsantes? y ¿Cómo se va a comprobar que quienes se postulen no hayan cometido delitos de lesa humanidad?, ese será el reto del Gobierno Nacional para implementar la Ley. Para Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “la implementación de esta Ley debe tomarse de la manera más seria para no repetir los errores de Justicia y Paz”.

Reed Hurtado dijo que es necesaria una investigación profunda que garantice que no se le está dando beneficio a un desmovilizado que no tiene derecho a él. “Cuando estamos frente a desmovilizados debemos tener en cuenta que más allá de la buena voluntad, uno tiene que depender y hacer una investigación profunda, independiente, para garantizar que cualquier beneficio judicial que se otorgue sea por las razones que predican los que dejaron las armas.

Agregó que “la mejor evidencia es que hay 1.338 desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz que dijeron que fue un error y que no tienen nada que confesar. Eso evidencia que el ejercicio en Justicia y Paz no fue técnico, no contó con información para saber si los postulados eran o no desmovilizados”.

Finalmente dijo que para comprobar que los desmovilizados no hayan cometido delitos atroces, “la Fiscalía tiene que saber a quién le esta otorgando beneficios judiciales, y no basarse solo en la información del desmovilizado".

 

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